DV. Quieren evitar que «quienes ayuden solidariamente a las personas extranjeras en situación irregular» sean sancionadas con una multa económica. Bajo el manifiesto Salvemos la hospitalidad, una plataforma, a la que se han adherido colectivos y ciudadanos de Gipuzkoa, denuncia las intenciones del Gobierno reflejadas en el anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería que provocaría que «ONGs, congregaciones religiosas y ciudadanos que ejercen la acogida y solidaridad con las personas inmigrantes en situación irregular verían perseguida su actuación».
Según señalan en el manifiesto, el artículo 53 de esta reforma contempla como «infracción grave» con sanciones entre 501 y 10.000 euros «a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto».
La plataforma, a la que se han adherido colectivos y sacerdotes de Gipuzkoa, está firmada por profesores de universidad, jueces, abogados y artistas de diversos puntos de España. En el manifiesto denuncian que a la «tendencia criminalizadora de la inmigración ilegal (considerar a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente)», se una ahora «la de aplicar un marco sancionador a las personas que, de manera solidaria, ejercen el deber de la hospitalidad».
A su entender, la reforma legal que se baraja de momento es un anteproyecto pero podría estar aprobado antes del verano, pondría en «situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en su casa y apoyan a personas sin papeles».
Adhesiones en Gipuzkoa
Patxi Muguerza, uno de los sacerdotes donostiarras que se ha sumado al manifiesto y lo promueve en Gipuzkoa, califica las intenciones del Gobierno socialista de «barbaridad. Da vergüenza y pánico». En su opinión, si se aprobase la modificación, «el trabajo que a diario realizan con los inmigrantes en situación irregular organizaciones como Cáritas y otras ONG de Gipuzkoa estarían en riesgo de ser sancionadas», añade. Muguerza apela a la «memoria» y en las épocas en las que «los ciudadanos de aquí emigraban, para que dejemos de mirar por encima del hombro a los más pobres».
Por estas razones, el manifiesto propone al Gobierno que «modifique» el anteproyecto e incorpore al texto normativo la necesidad de que exista «ánimo de lucro» a la hora de sancionar a quien acoge y da ayuda solidaria a un inmigrante en situación irregular.
Además de este punto de la reforma de la Ley de Extranjería, una reciente circular de Cáritas pone el acento en otros asuntos como que «no se contemple la asistencia letrada a los menores extranjeros en los procesos de repatriación», el hecho de que se «aumente el tiempo de permanencia en centros de internamiento» o el endurecimiento de las condiciones para la reagrupación familiar.
Los ciudadanos que deseen adherirse o conocer la integridad del manifiesto Salvemos la hospitalidad pueden consultarlo en internet tecleando www.attacmadrid.org/d/10/090228114602.php.
jmvelasco