Los acusados dijeron que “sólo querían asustarlos”, pero el “ansia de venganza” contra los magrebíes, en palabras del fiscal, pudo acabar en tragedia. La Audiencia de Barcelona juzga desde ayer a 15 jóvenes de Sant Vicenç de Castellet por una brutal agresión racista ocurrida en 2002.

El fiscal considera que, armados con palos y con nocturnidad, intentaron asaltar la vivienda de una familia marroquí en cuyo interior dormían cuatro adultos y dos menores. Rompieron la puerta de un balcón, pero no consiguieron entrar. Arrojaron un botellín de cerveza lleno de gasolina contra la casa, pero impactó en la fachada. Y cuando ya se marchaban, propinaron una brutal paliza a un morador que se encaró con ellos por lo que estaba padeciendo. Salvó su vida por la rápida actuación de la ambulancia, pero tardó 489 días en curarse de las lesiones y poder trabajar.

El fiscal pide penas que oscilan entre 2 y 19 años de cárcel por incendio, homicidio en grado de tentativa – con la agravante de racismo en ambos casos – y amenazas, según la participación de cada cual. Algunos tenían ayer en el banquillo una indisimulable aspecto skin.

Jordi Martínez Cánovas fue quien arrojó la botella de gasolina, que explotó y produjo una fuerte llamarada. Lo reconoció él mismo ante el tribunal antes de romper a llorar en medio de su declaración mientras repetía: “Yo no he hecho nada, nunca me he peleado ni he tenido nada con nadie”. El fiscal no opina igual y recuerda en su escrito de acusación que tiene antecedentes penales, aunque no son computables en esta causa.

Sandra Taboada, la única chica que se sienta en el banquillo, intentó acercarle un pañuelo para que se secara las lágrimas. “Estese tranquila, señorita, que tiene usted mucha actividad”, le reprendió la magistrada Elena Guindulain, presidenta de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona, quien inicialmente se había negado a trasladar el juicio a una sala de mayores dimensiones y provocó un incidente con los familiares fácilmente evitable. “Hagan el favor de sentarse en buena posición y deshagan las piernas”, advirtió después la juez a los acusados.

Tras los gemidos, Martínez se enfrascó en un intento de exculpación motivado por su abogado, que acabó en contradicción. Si minutos antes había reconocido que había bebido bastante aquella noche, después acabó declarando que si no acertó con el botellín en la ventana de la vivienda fue porque no quiso. En términos similares se expresaron Antonio Suárez Gorrera y Raúl Roca Solaz, quienes también afrontan penas que suman 19 años de cárcel. Actuaron “movidos por su ansia de venganza y su desprecio hacia los individuos de origen magrebí, y a pesar de saber que la vivienda se encontraba habitada” por al menos seis personas, dice el fiscal en sus conclusiones.

La tesis de la acusación es que esos tres acusados arengaron al resto por un incidente sin importancia ocurrido horas antes en una plaza del pueblo con un grupo de marroquíes. De esa manera, acudieron a un bar del pueblo y convencieron a sus convecinos de la “necesidad de vengarse”. Y así fue cómo acudieron a casa de los inmigrantes provistos de palos, profirieron gritos contra la vivienda e intentaron acceder a su interior.

Pero no lo lograron por la oposición de sus ocupantes, dice el fiscal. De ahí que acabasen lanzando el artefacto. Cuando ya se iban, una de las víctimas salió tras ellos y al ser identificada sufrió una brutal paliza. Fue golpeado con palos y cascos de motocicleta, y recibió toda clase de patadas y puñetazos, dice el fiscal, que acusa de homicidio en grado de tentativa a 11 jóvenes. El magrebí estuvo 16 meses de baja y le han quedado algunas secuelas. Hoy revivirá los hechos en el juicio, casi siete años después.