El Ministerio de Trabajo confirmó ayer que el Fondo de Integración para inmigrantes sufrirá un recorte del 30% como consecuencia del reajuste presupuestario aprobado por el Gobierno. La decisión no sólo ha suscitado las críticas de las ONG y las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de este colectivo. También han expresado su indignación numerosos gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE. No en vano, es a las comunidades a las que les corresponde distribuir estos fondos entre sus ayuntamientos con el fin de prestar a los inmigrantes la ayuda asistencial y de integración que necesitan. Con la puesta en marcha de esta iniciativa, además de incumplir su promesa de no recortar el presupuesto destinado al gasto social, el Gobierno vuelve a poner en evidencia su errática política de inmigración, al concentrar más del 80% del recorte que le corresponde al Ministerio de Trabajo sobre un colectivo que está sufriendo con especial dureza las consecuencias de la crisis. El aspecto más preocupante de la medida no es que el Ejecutivo se desentienda de los problemas de cohesión social y convivencia que de ella puedan derivarse, sino que no demuestre el mismo empeño en procurar la integración efectiva de los inmigrantes que el que está poniendo, por ejemplo, en facilitarles el derecho al voto en las elecciones municipales.