madrid – Otra promesa incumplida. Cuando la crisis comenzaba a ser evidente, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió que las partidas sobre gasto social no se iban a resentir. Y lo ha vuelto a hacer. Un mes después de prometer en la Conferencia Intersectorial que el ejecutivo dotaría el fondo de emigración con 200 millones, el ministro de Inmigración, Celestino Corbacho, envió el pasado miércoles una carta a todos los gobiernos autonómicos para comunicar que la ayuda se reducía un 30 por ciento en todos los casos, hasta los 141 millones.
Las críticas a la medida fueron cayendo en el día de ayer en cascada. Los primeras en responder fueron los Ejecutivos regionales. Javier Fernández – Lasquetty, consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, dijo que esta medida forma parte del «engaño permanente del Gobierno, que antes de la crisis dijo que las partidas de gasto social no se iban a tocar y, cuando llega el momento, lo hace en uno de los puntos más delicados: el que afecta a la cohesión social y a la integración».
«Ahora, de cada 100 euros que destinamos a la integración, el Gobierno aporta 1,6. Es indignante porque afecta al refuerzo educativo de los colegios y a todos los proyectos de integración», dijo. Sobre las formas, declaró que «no es de recibo que nos lo digan por carta, sin un diálogo previo. Vamos a exigir una reunión urgente de la conferencia sectorial».
Más extranjeros, menos dinero
La Generalitat Valenciana también pedirá la reunión de la Sectorial porque, en palabras del consejero de Inmigración, Rafael Blasco, el recorte «hace peligrar la política social de la región». Blasco acusó al Ejecutivo de «mentir» y destacó que «pese a recibir más inmigrantes recibirá menos dinero», lo que a su juicio compromete la labor de los centros de acogida y ayuntamientos, que «puede hacer que los inmigrantes, muchos de ellos trasladados por el Gobierno desde Canarias, se queden sin el derecho a recibir una atención digna».
Por su parte, la consejera de Acción Social de la Generalitat de Cataluña, Carme Capdevila reivindicó que «si se tiene que adelgazar alguien es el Estado y no los colegios ni los municipios».
La consejera mostró su preocupación porque esta medida contradice el compromiso del Ministerio de priorizar la cohesión social que, según dijo, concentra el 84 por ciento de los recortes de estas políticas.