EL pasado 19 de diciembre Cataluña consiguió lo que hasta el momento no ha conseguido ningún otro país europeo: un consenso amplio en un asunto estratégico como es la inmigración. Lo conseguimos gracias a la firma del Pacte Nacional per a la Immigració que obtuvo el respaldo de la gran mayoría de grupos parlamentarios, así como de casi todos los agentes sociales y actores implicados. Lo hemos conseguido en un contexto difícil, de crisis económica y cuando los discursos que vienen de Europa a veces parecen dirigirse más a contentar algunos oídos que a asumir las realidades.

Con este pacto Cataluña se ha reconocido a si misma como una sociedad plural, no como una pluralidad de sociedades. Admite la inmigración como una realidad estructural con vocación de permanencia, no como un fenómeno coyuntural. Se asume desde una visión responsable y compartida que atañe no sólo al Govern, sino al conjunto de la sociedad. Se apuesta por ordenar los flujos migratorios, vinculándolos a las necesidades de mercado laboral y priorizando siempre la mano de obra que ya está aquí, por adaptar los servicios públicos al aumento demográfico, evitando posibles competencias por recursos escasos, y finalmente se propone fomentar una cultura pública común. Un concepto que entendemos como el espacio donde coincidimos los que somos diferentes y vivimos juntos, basado en la lengua y la cultura catalanas como punto de encuentro. Nada más y nada menos, sin ir en contra de nadie ni de ninguna lengua ni pedir que alguien renuncie a su identidad o a sus raíces.

Es en este contexto donde enmarcamos la adhesión el pasado febrero de las seis federaciones de entidades latinoamericanas en Cataluña. Un conjunto que engloba a la gran mayoría de organizaciones que representan a los nuevos catalanes que proceden de países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, Chile o Paraguay. Se trata, pues, de una adhesión importante si tenemos en cuenta que este colectivo es (si sumamos las distintas nacionalidades) el más numeroso entre las personas de origen extranjero. Las federaciones firmantes son todas las existentes y por ello debemos estar satisfechos, por la contribución de la inmigración en general y de la latinoamericana en particular a la hora de decidir y consensuar las políticas públicas. Una inmigración que mejora nuestra conexión con el mundo, que da un fuerte impulso al incremento de hablantes de lengua catalana, especialmente en el caso de los latinoamericanos que el año pasado fueron más de la mitad del total de inscritos en los cursos iniciales de catalán.

Cataluña tiene un tejido social muy fuerte y la inmigración ha generado un nuevo fenómeno asociativo con un importante componente de cohesión, participación y fomento de las decisiones compartidas y consensuadas. Son grupos que están generando dirigentes de gran calidad que hoy, y sobre todo en el futuro, están llamados a hacer grandes aportaciones a nuestro país. Desde la confianza en la capacidad de nuestra sociedad, en el papel decisivo de las organizaciones sociales civiles, es una lástima comprobar como hay quien menosprecia aún y de una forma tan simple – como se hizo en un artículo de opinión en ABC el pasado 24 de febrero – la independencia de criterio y la capacidad de intervención social de este nuevo tejido social tan importante para nuestro país.

Secretari per a

la Immigració

de la Generalitat

TRIBUNA ABIERTA