De los cerca de 70.000 presos que hay en las saturadas cárceles españolas, varias decenas de ellos son inmigrantes cumpliendo penas por vender copias falsificadas de películas y música.

Para muchos de los inmigrantes que vienen a España, especialmente los senegaleses, la venta de esos productos era hasta ahora la forma de ganarse la vida y el camino para colmar sus aspiraciones europeas. Y digo hasta ahora porque ahora la música y las películas los jóvenes las bajan de Internet.

Los senegaleses, como tantos africanos, vienen a España a la búsqueda de El Dorado escapando de la nada. Por eso son capaces de despreciar su vida subiéndose a un cayuco en travesías inmorales, de vivir en pisos – pateras, de comer compartiendo lo mínimo, todo a la espera de una oportunidad.

Pero para casi todos, la España llena de oportunidades que esperaban se ha convertido en una frustración. El encontrar trabajo es una quimera y por lo general no tienen otra opción que la venta ambulante. Lo normal es verlos en el top manta vendiendo, agrupados, dándose calor y aliento, con una tela con cuerdas cruzadas, preparados para arriar y salir de estampida, siempre perseguidos, como gato y ratón, por la presencia policial, que cautelosa se suele acercar a los alargados senegaleses, lo que permite a estos el desvío y la búsqueda de nuevos lugares tranquilos. Al final esa Europa y esa España deseadas no son más que mercadillos de supervivencia.

Pero no siempre el ratón se escapa y a veces son detenidos y alguno encarcelado por vender productos de «marca»: barato, barato.

En ese escenario surgen los artistas y los autores que defienden derechos sobre sus obras; la propiedad intelectual les pertenece y es normal que la reivindiquen. Nadie duda ni discute ese derecho y no cabe duda de que los que participan en la falsificación lo ponen en entredicho. Y además ese derecho colisiona con el vivir de los top manta, pobres en países ricos, más pobres si cabe en el mundo desarrollado que en sus países de origen.

Se trata por tanto de un derecho, el de los autores, y de una desgracia, la inmigración de los pobres, y como tales hay que enfocarlos. No abono la impunidad de la falsificación, en lo que sí discrepo es en el castigo por la transgresión. Es ahí donde hay que ajustar los términos al resultar excesivo que en la actualidad a un mantero, por vender, se le imponga una pena de prisión de 6 meses hasta 2 años o multa de 6 a 24 meses.

Esas penas son las que han llevado a decenas de inmigrantes a la cárcel y eso es lo que hay que modificar.

El derecho punitivo del Estado tiene muchas posibilidades en su mano para impedir determinadas conductas: sanciones administrativas, faltas penales? Lo que es una desmesura es que vender un cedé sea delito y pueda llevarles a la cárcel como si se tratase de repudiables delincuentes.