El órgano de consulta del Gobierno en materia de inmigración se opone a las principales reformas recogidas en el anteproyecto Madrid

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha terminado de analizar el anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería que le remitió el Gobierno a finales de 2008. La valoración del máximo órgano de consulta del Ejecutivo en materia de inmigración no es nada complaciente. A pesar de que ve positivas algunas cuestiones, se opone frontalmente a las dos principales reformas que contempla el texto: la ampliación del plazo máximo de internamiento de sin papeles de 40 a 60 días y los límites a la reagrupación familiar.

Su dictamen, al que ha tenido acceso EL MUNDO, enmienda unos 80 artículos y expresa sus reservas a una quincena de aspectos clave. Las expresiones «limitación», «retroceso», «restricción», «merma del Derecho», «reprobable», «no parece razonable», «no tiene sentido», «arroja serias dudas» y «grave infracción del principio de legalidad» aparecen de forma preocupante a lo largo de las 73 páginas del documento.

Por ejemplo, el Foro «lamenta la limitación en el reconocimiento de los derechos de ayudas en materia de vivienda y de reagrupación familiar de los ascendientes», una limitación que, advierte, «puede ir en contra del principio de no discriminación» recogido en el mismo anteproyecto.

Este órgano compuesto por representantes de las administraciones, ONG, colectivos de extranjeros, sindicatos y patronales detecta un «retroceso» en la ley al «restringir» sólo a los inmigrantes con residencia de larga duración (los que llevan cinco años o más en España) el disfrute de los sistemas públicos de ayudas de vivienda, a pesar de que tanto éstos como los que llevan menos tiempo aquí pagan sus impuestos.

Critica también que sólo se pueda reagrupar a los extranjeros mayores de 65 años y advierte de que esta condición «puede dar lugar a situaciones no deseables», como que no se pueda reagrupar a los progenitores a la vez porque el padre tiene 70 años y la madre, 62. O que una mujer de 60 con minusvalía quede desasistida.El Foro propone que puedan establecerse excepciones por «un motivo humanitario relevante».

Plantea, asimismo, cambios en el artículo que establece que el inmigrante que quiera reagrupar deba ser residente de larga duración, un requisito que «no es acorde con el Derecho comunitario».

Y se muestra «contrario» a la ampliación de 40 a 60 días del plazo que un sin papeles puede estar retenido mientras se tramita su expulsión. «Debería volverse al límite actual, además de reforzarse las garantías», dice el Foro, recordando que el Tribunal Constitucional fijó los 40 días atendiendo al Convenio Europeo de Extradición, que establece este periodo como el máximo que un delincuente puede estar detenido mientras se le devuelve a su país.

Sobre las expulsiones, el Foro sostiene que «se debería haber avanzado más», sobre todo en lo que se refiere a los menores de edad. Es en esta cuestión donde el organismo se muestra más duro, llegando a ver «reprobable la tendencia del legislador a adelantar la barrera punitiva».

También arremete contra el sistema sancionador y contra la forma en que se han regulado el derecho a la educación y a la asistencia jurídica gratuitas, los contratos de trabajo, el papel de las ONG y las garantías de estancia en los centros de internamiento.Pide más garantías para las víctimas de violencia de género; insiste en la necesidad de un Pacto de Estado, y sugiere al Gobierno que «desvincule» la ley de «la situación económica y laboral actual».

El dictamen fue aprobado a finales de enero, pero ha sido objeto de varias matizaciones (el borrador inicial llegó a calificar de «inconstitucional» alguna medida). Según fuentes del Foro, el debate ha sido «larguísimo». El Gobierno también ha enviado la ley al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo de Estado y al Consejo Económico y Social. Este último se pronunció recientemente, también con críticas.