El alto precio de los pisos, las mafias y la situación ilegal de miles de inmigrantes ha provocado el aumento de los alquileres de habitaciones en casas compartidas con otras familias y de lechos utilizados minutos antes por otras personas El jueves, la Policía Local de Fuenlabrada descubrió que detrás del armario de un restaurante chino se había organizado un hotel clandestino. Todos los días, una veintena de inmigrantes de nacionalidad china dormía en las instalaciones con el procedimiento de las camas calientes: cada ocho horas, un grupo abandonaba las dependencias situadas en la calle de Bembibre y era sustituido por otro.

No es el único caso ni va a ser el último que se descubra en Madrid. Es más, las características de este hotel clandestino coinciden casi punto por punto con la ya larga lista de pisos patera o camas calientes que han salido a la luz pública en la región con el boom de la inmigración: compatriotas que arriendan espacios minúsculos a gente de su misma nacionalidad por precios desorbitados, ninguna licencia de establecimiento hotelero, hallazgo casual por parte de la Policía…

Desde la Comunidad de Madrid se reconoce su existencia, pero aclaran que es muy difícil saber cuál es el número de viviendas que funcionan de esta manera en la región. «Sabemos que existen, pero no podemos saber a ciencia exacta ni el número ni la extensión», explican fuentes del Ejecutivo regional.

En apenas medio centenar de metros cuadrados pueden llegar a convivir más de 15 personas. Sesenta personas en un piso. En la mayoría de casos, son ciudadanos en situación ilegal quienes se alojan en este tipo de viviendas.

Los afectados suelen decantarse por esta opción al no encontrar nadie que les alquile un piso dada su condición de sin papeles.Nadie les quiere arrendar una vivienda de su propiedad. Finalmente, suelen ser compatriotas suyos quienes le otorgan dos opciones: vivir en un piso patera, donde una familia alquila una habitación y comparte el resto del inmueble con otros grupos de personas, o en camas calientes, donde cada lecho se alquila por horas, generalmente ocho y a ciudadanos de origen asiático.

Asociaciones como SOS Racismo han denunciado en numerosas ocasiones que en su sede se acumulan las quejas de personas que se ven abocadas a vivir en pisos pateras o camas calientes al habérsele rechazado el alquiler de una vivienda por ser inmigrantes.

«Como somos pequeños dormimos a lo ancho de la cama. El primero que vuelve de trabajar utiliza la cocina y los niños van al baño de un bar», confesaba una inmigrante suramericana a este periódico hace unos años.

Las camas calientes suelen funcionar de dos formas. Por orden del arrendador (estancia máxima, ocho horas) o por pura convivencia.Muchas de las personas que comparten una habitación en un piso patera apenas se ven porque sus turnos de trabajo no coinciden.Legal o ilegalemente, casi todos trabajan en turnos maratonianos repartidos a lo largo de las 24 horas del día. Los precios no son baratos. Una cama caliente suele costar como mínimo 150 euros y los pisos patera, entre 200 y 350 euros.

La imaginación también funciona a la hora de mejorar el nivel de vida en estos reductos que muchas veces no superan 15 metros cuadrados. Televisiones colgadas del techo, literas improvisadas con cuatro palos y colchonetas que se convierten en camas o sofá según la hora del día son habituales.

En los pisos patera se aprovecha todo, desde los cuartos trasteros hasta los pasillos. Cualquier espacio puede ser útil para que en él conviva una familia.

Asimismo, los propios inquilinos acostumbran a pactar una serie de normas generales de obligado cumplimiento para todos los residentes: las horas para ir al baño suelen estar fijadas, así como las lavadoras o los turnos de cocina. Los gastos suelen dividirse según el número de miembros de cada familia, y las visitas están prohibidas.

Todo esto en el caso de que la convivencia sea pactada entre todos los habitantes del inmueble. Es lo que habitualmente pasa en los pisos alquilados por inmigrantes de procedencia latinoamericana.En el caso de los ciudadanos llegados de los países del Este, las relaciones suelen ser más económicas. Se tiene derecho por lo que se paga y la convivencia no suele ser tan humana. Muchos inmigrantes de etnia gitana procedentes de Rumania acostumbran a pagar a familias españolas de la misma etnia por vivir en pisos ocupados ilegalmente. Los ciudadanos de origen chino son los que más sufren la extorsión de las cabezas de serpiente, nombre por el que se conoce a las mafias chinas asentadas en España dedicadas a la inmigración ilegal.

El año pasado, por ejemplo, la Brigada de Extranjería desarticuló una poderosa organización oriental dedicada a captar y traer ciudadanos chinos desde Fujian a Madrid. En la operación se detuvo a 28 personas y descubrió 10 pisos patera en Usera, donde sus habitantes vivían hacinados entre basura y excrementos.

Las víctimas de estas triadas chinas eran ciudadanos orientales que llegaban a pagar 30.000 euros por el viaje. Al llegar a España vivían hacinados y trabajaban en talleres y restaurantes.

Cuando se descubren los pisos en los que viven inmigrantes ilegales chinos en la modalidad de camas calientes o pisos patera, las condiciones de salubridad e higiene en ellos suelen ser pésimas, con restos de basura, suciedad, grasas y excrementos. Para que quepan, los mafiosos llegan a colocar literas en todas las habitaciones, incluso en el salón y la cocina.

«Tampoco se vive tan mal»

«Aunque la casa es pequeña tienes espacio para tener lo básico.Tampoco se vive tan mal. Es lo que nos toca a los pobres con los alquileres que hay por ahí». Así se manifestaba Javier, uno de los inquilinos de nueve minipisos descubiertos en San Sebastián de los Reyes en el año 2007. El hallazgo se produjo tras el incendio de un inmueble en el barrio de La Zaporra. El fuego destapó la existencia de una casa donde se alquilaban nueve ‘pisos patera’ de entre 10 y 15 metros cuadrados. En las cubículos vivían familias suramericanas y españolas y su descubrimiento provocó una fuerte polémica en el barrio. La mayoría de los vecinos no se explicaba cómo se podía vivir en pisos de 10 metros cuadrados, si bien algunos inquilinos decían que era «la única solución para familias humildes». La dueña del inmueble que albergaba los ‘pisos patera’ no habían solicitado ninguna licencia para instalar una pensión o minipisos, cuya legalidad no recogía el Ayuntamiento de la localidad.