Providence, Rhode Island. El teléfono de Juan García rara vez deja de sonar. Esté en reuniones, actos o en su cama, los migrantes lo llaman de manera incesante para que los ayude en todo tipo de gestiones, desde pagar el alquiler hasta lidiar con agentes del Servicio de Inmigración que golpean la puerta de sus casas.

García, quien llegó a EE. UU. en el baúl de un automóvil, en 1977, para escapar del conflicto armado en Guatemala, ha estado ocupado desde que el gobernador de Rhode Island, Don Carcieri, endureció las leyes para combatir a los indocumentados, hace un año.

El guatemalteco ha pasado a ser intermediario obligado para los migrantes que no quieren colaborar con la Policía o las dependencias del Gobierno, por temor a ser deportados, ellos o algún familiar.

García, quien colabora con el Comité de Acción sobre los Inmigrantes , que dice aglutinar a 550 afiliados, es uno de los líderes de la campaña para resistir la orden de Carcieri, emitida en marzo del 2008.

El gobernador dispuso que la Policía y los funcionarios carcelarios comprueben si una persona permanece de manera ilegal en EE. UU. y, de ser así, inicien los trámites para su deportación.

García afirmó que la orden es confusa y ha dado lugar a actos discriminatorios, en los que cualquier persona con aspecto de hispano resulta sospechosa.

El connacional ha encabezado manifestaciones e invitado a que funcionarios de los departamentos de la Policía se reúnan con agrupaciones de inmigrantes , les expliquen su trabajo y despejen temores.

AP