EL pasado 21 de febrero se celebró con carácter internacional el Día de la lengua materna. La conmemoración tiene su origen en estudios fundados que aseguran que la mejor forma de enseñar a un niño es a través de su lengua materna, la lengua de sus padres.

En Cataluña eso no es así, y las polémicas lingüísticas se suceden a diario, olvidando que existe cooficialidad de lenguas y que el castellano es la lengua habitual, entre un alto porcentaje de catalanes. Siempre he pensado que las polémicas lingüísticas tienen su origen en la utilización de la lengua como un instrumento de reivindicación política, y que su imposición y la coacción en el uso habitual, hacen del catalán una lengua excluyente, provocando actitudes de rechazo entre quienes ven vulnerados sus derechos individuales, que cada día tienen más eco social.

Hace unos días, las entidades que representan a los diferentes colectivos de inmigrantes en Cataluña, fueron llamados a firmar con toda solemnidad, el documento de adhesión al «Pacte Nacional per la Immigració». El documento que les fue remitido contenía un conjunto de vaguedades retóricas y bienintencionadas, a excepción de su punto final, en el que se les invitaba a integrarse en una cultura pública común, fomentando su participación en la sociedad, en la cultura catalana y contribuir a hacer del catalán la lengua de uso habitual en el espacio público común.

La cláusula era de especial trascendencia para las organizaciones latinas, venezolanos, ecuatorianos, peruanos o argentinos que, entre otros, tienen el castellano como lengua materna y que al intentar enmendarla, para salvaguardar sus derechos como castellanohablantes, se encontraron con la negativa oficial y el riesgo de perder la subvención que les permite desarrollar sus actividades.

Una sutil manera de favorecer acuerdos que perjudican seriamente los intereses de una de las partes coartando su libertad.

Hace pocos días les tocó el turno a los representantes de las diversas confesiones religiosas presentes en Cataluña, que a cambio de comprometerse a fomentar la convivencia y la paz, deben «trabajar para la normalización de la lengua catalana en la actividad religiosa ordinaria» por lo que recibirán la nada desdeñable cantidad de 480.000 euros para el desarrollo de sus actividades.

Es decir, que musulmanes, ortodoxos, judíos y budistas entre otros, estarán obligados a orar en catalán. Jamás pensé que rezar tuviera idioma oficial. Otra sutil forma de hurtar los derechos de los individuos incluso en su íntima y personal relación con Dios.

Las adhesiones a esa especial consideración del catalán como única lengua de uso habitual se consiguen mediante la convocatoria de los firmantes, previamente obligados, a actos de la mayor solemnidad, rodeados de flashes y reporteros, como testigos de su consentimiento.

Por si acaso a alguien se le ocurre luego protestar.

Carina

Mejías

Diputada del PP

en el Parlament

TRIBUNA ABIERTA