Un correo electrónico de la Policía Nacional recibido en Villa de Vallecas (Madrid) hace una semana daba instrucciones muy claras: “Extranjeros: en base a la población de cada distrito hay que hacer un número de detenidos. Vila Vallecas, objetivo=35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito”.

De inmediato surgieron las voces críticas que consideraron la orden como una persecución “indiscriminada” de inmigrantes. El Ministerio de Interior salió al paso con una nota que decía: “A cada distrito se le marcan unos objetivos mensuales en todas las áreas que comprenden todas las infracciones recogidas en la legislación”. Aseguró, además, que se aplican “criterios numéricos” para conseguir metas.

Pero el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que se había cortado radicalmente el sistema de cupos y negó en la misma comparecencia ante el Congreso que cargos del Ministerio hubieran dado esta orden.

Los sindicatos policiales de Valencia vincularon estos modos de trabajo al anterior jefe en la Comunitat, Carlos Rubio, actualmente máximo mando del cuerpo nacional en Madrid. “Es un hombre estricto que vive por y para la policía y que allá donde va mejora el rendimiento”, aseguraron desde el SUP.

De hecho, en materia de inmigración ilegal, la efectividad mejoró en su mandato. Las cifras no engañan, pese a que Interior haya negado la existencia de cupos. El número de extranjeros expulsados en la provincia de Valencia en 2007 fue de 554. En 2008, tras la llegada de Rubio, la cifra subió a 946, casi el doble.

Para Antonio Martínez Ferrando, delegado regional del Sindicato de Comisarios en la Comunitat, cuando Rubio llegó “vio que las comisarías de la provincia (las externas a la ciudad) presentaban números ridículos en detención y expulsión de sin papeles”. Lo que hizo el ex jefe superior fue “una llamada de atención, pero no estableció un cupo”.

Los incrementos más pronunciados en las expulsiones se registraron en las comisarías de Mislata (de una en 2007 a 26 al año siguiente) y Sagunto (de 4 a 47).

En conjunto, las comisarías externas consiguieron la expulsión de 172 indocumentados en 2007, mientras que las de Valencia tramitaron 362. En 2008, en la provincia se expulsaron 469 sin papeles, casi los mismos que en la ciudad (477).

No todos los detenidos acaban siendo expulsados. De los 3.740 expedientes iniciados por la Policía Nacional en 2008 en Valencia, sólo 477 acabaron con el retorno a su país. Y de estos 477, más de la mitad habían cometido algún tipo de delito, de hecho 123 eran presos.

En Valencia ciudad el número de sin papeles detenidos aumentó en casi un millar al pasar de 2.864 en 2007 a 3.740 en 2008.

Según fuentes policiales, “no es racismo afirmar que buena parte de los delitos que se cometen son obra de inmigrantes indocumentados, bien por necesidades económicas o porque caen en manos de las mafias”. Según estimaciones policiales, el 90% de los robos de carteras y con fuerza son obra de rumanos, kosovares y búlgaros.

“La policía va a por delincuentes y no a por inmigrantes, aunque no podemos identificar a un indocumentado y hacer la vista gorda”, resume el responsable del Sindicato de Comisarios en Valencia. Los extranjeros expulsados que han cometido delitos suelen ser marroquíes, bolivianos, ecuatorianos, argelinos o senegaleses y habitualmente aparecen implicados en robos, tráfico de drogas y violencia de género.

Un caso reciente es el de un hombre de 50 años de Tanzania. Estuvo en Picassent cumpliendo condena y, en enero de 2007, obtuvo la libertad condicional. Desde entonces, fue arrestado diez veces, ocho por tráfico de drogas, una por violencia familiar y otra por atraco.

A la polémica por los presuntos cupos se suman las quejas de la Embajada de Bolivia en España por las condiciones de los arrestos de bolivianos indocumentados. “Según las asociaciones de inmigrantes, se han llegado a allanar domicilios”, aseguró la embajadora Carmen Almendras Camargo el viernes.

Según el Sindicato de Comisarios, “existe humanidad en la policía. Si buscáramos detenciones masivas iríamos a los campos de naranjas o las escuelas. La ley no hace distinciones, pero no actuamos así”.

El conseller de Inmigración, Rafael Blasco, pidió ayer al Gobierno que aclare “con rigor y transparencia” si se están produciendo detenciones indiscriminadas contra inmigrantes irregulares y criticó las “contradicciones” del Ejecutivo.