La detención del inspector jefe, en segunda actividad, de la Oficina Única de Extranjería (OUE), Diego de Gea, ha supuesto el último golpe de una macro operación de la Guardia Civil orientada a desarticular una red que presuntamente regularizaba a inmigrantes de forma fraudulenta. A última hora de anoche, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Murcia acordó la libertad de Diego de Gea, y otro funcionario público, ambos imputados por delitos de cohecho y falsedad.

Con la Operación Huellas, en la que ya hay 38 personas implicadas y 21 detenidas, se ha destapado una organización que, a cambio de comisiones, expedía ilegales tarjetas de trabajo y residencia a inmigrantes . Entre los implicados, hay seis funcionarios públicos. El resto son extranjeros y algunos de ellos, tal y como ayer confirmó el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, conseguieron esos papeles pese a tener causas pendientes con la justicia.

Las detenciones se produjeron el lunes 16 en una actuación que duró diez horas en las que se localizó y detuvó a los implicados en la trama, se realizaron cinco registros domiciliarios y se incautó numerosa documentación falsificada, que se continúa analizando, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

En concreto, entre los funcionarios públicos hay tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía, todos ellos imputados y un detenido; así como dos del cuerpo administrativo de la Policía, ambos imputados y uno de ellos detenido; y «un ordenanza de la Oficina Unica de extranjería como imputado», señaló. Todos estos datos fueron facilitados en la tarde de ayer por el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que compareció públicamente junto con el responsable de la Oficina Unica de Extranjería (O.U.E.), Fulgencio Puche.

Prácticas irregulares

La Operación Huellas se inició en octubre a partir de varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil tanto por particulares, como por organizaciones, así como por la propia Oficina Única de Extranjería. Las denuncias coincidían en supuestas prácticas irregulares en el área policial de la cficina.

Las irregularidades se centraban principalmente en el proceso de estampación de la huella digital de los inmigrantes , así como en la expedición de tarjetas de trabajo y residencia, confirmó el delegado. Tras una «exhaustiva» y «minuciosa» investigación por parte de la Guardia Civil, que llevó a interceptar teléfonos, llamadas o revisar expedientes, se pudo determinar la existencia clara de dos grupos de actores «perfectamente estructurados y jerarquizados» de forma piramidal.

Un primer grupo, formado por funcionarios públicos tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la O.U.E. Estos integrantes de la red serían los que tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas. Aunque, matizó el delegado, todo «está en fase de investigación por parte del juez».

Un segundo grupo, estructurado de forma jerarquizada y piramidal, formado por personas de origen árabe, externas a la O.U.E, y en cuyo vértice se encontraba un marroquí – que responde a las iniciales de T.N. y que ayer fue ingresado en prisión – el cual mantenía «estrechas» relaciones con el primero de ellos, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto lo componían facilitadores o captadores de clientes que se los hacían llegar a T.N. Sobre este grupo se han realizado 18 detenciones y otras 14 imputaciones.