Las preocupaciones de los antiguos socios de la UE por la «masiva» llegada de inmigrantes que acarrearía la ampliación de la UE no se han confirmado, según la Comisión Europea, que destaca que en la mayoría de países de acogida los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros no superan el 1% de la población activa nacional.   
Además, el ejecutivo de la UE destaca que estos trabajadores, que en muchas ocasiones ayudan a llenar vacíos en el mercado laboral, emigran en su mayoría de manera temporal.   
En un informe sobre el efecto económico de la ampliación de la UE, Bruselas calcula que el número de personas de los nuevos países socios que han emigrado hacia los Quince desde 2004 ronda los 3,6 millones y «no es previsible que aumente de manera sustancial, incluso después del levantamiento de las restricciones transitorias impuestas en algunos Estados miembros».   
España, que retiró las trabas a los trabajadores del Este dos años después de la adhesión, en mayo de 2006, ha sido el segundo destino preferido, con el 18% de los inmigrantes , sólo superado por el Reino Unido, a donde se dirigieron casi el 33%.   
La Comisión cree que, debido a la crisis actual, muchos de estos inmigrantes van a volver a sus países de origen.   
El ejecutivo comunitario reconoce que estos flujos han generado distorsiones en algunos segmentos del mercado laboral y también han tenido repercusiones sociales, pero insiste en que su efecto global es positivo.   
Según sus cálculos, la movilidad laboral dentro de la UE aportará a medio plazo alrededor del 0,3% del PIB al crecimiento de la Unión en su conjunto.   
Señala que los trabajadores desplazados desde los nuevos Estados miembros tienden a ocupar empleos poco cualificados (alrededor del 33% frente al 10% de los trabajadores nacionales), a pesar de que su formación es relativamente superior (el 40% de los trabajadores inmigrantes tienen cualificación elevada, frente al 25% de la población activa en los antiguos Estados miembros).   
Bruselas volvió hoy a cuestionar la necesidad de mantener las restricciones que algunos países siguen aplicando a la llegada de trabajadores del Este, teniendo en cuenta la situación de sus mercados laborales.   
La Comisión reconoce que la salida de gran cantidad de trabajadores ha hecho aumentar en algunos de los nuevos socios (como Chipre, Lituania, Polonia y Rumanía) el miedo a la «fuga de cerebros» y a la falta de profesionales en algunos sectores.   
Pero subraya que la mejora de las condiciones laborales en sus propios países está reduciendo los incentivos a la emigración, y valora la contribución a la economía nacional de los trabajadores que retornan.   
También recuerda la valiosa aportación que suponen las remesas que envían a casa los emigrantes (equivalentes al 5,5% del PIB en Bulgaria y Rumanía y al 1,5% del PIB en Polonia).    El informe concluye, asimismo, que las oportunidades de inversión que la ampliación abrió para las empresas de los antiguos socios más que acarrear destrucción de empleo están ayudando a conservarlo.   
Así, señala que en sectores como la maquinaria, la producción de muebles, instrumentos médicos, químicos y madera, la inversión en los nuevos países socios va «de la mano» con el empleo en los antiguos socios.