El último barómetro municipal sitúa los problemas asociados a la inmigración en el segundo lugar de la lista de las inquietudes de los barceloneses. En la anterior encuesta del Ayuntamiento, de junio del 2008 (la crisis apenas se había manifestado en el sector del ladrillo y el Gobierno socialista, emulando a Aznar, pregonaba al mundo entero que España iba bien y que no había razón para alarmarse), las derivadas de la inmigración aparecían como el problema más grave de la ciudad.

En un tiempo récord, el tsunami de la más global de las crisis parece haber minimizado, al menos en las encuestas, todas las demás preocupaciones ciudadanas. Pero la realidad, y precisamente porque hay crisis, es otra bien distinta. Pude comprobarlo durante la celebración de Santa Eulàlia, en la visita de la corporación municipal a la comunidad de monjas clarisas de Pedralbes. Varios concejales, algunos con responsabilidades directas en distritos de la ciudad, me confesaron su temor a que la falta de trabajo y la competencia cada vez mayor por las limitadas prestaciones sociales puedan encender la mecha del conflicto entre la población autóctona y las miles de personas que recalaron en Barcelona y en su entorno aprovechando las oportunidades que brindaba la bonanza económica y la necesidad de mano de obra – barata-de la empresa y el comercio locales. Es una inquietud que comparten los alcaldes metropolitanos.

Países como Francia o Gran Bretaña, con una larga historia – y no siempre brillante-en la acogida al extranjero asisten a la erupción de ese sentimiento larvado de odio o rencor al de fuera, aunque esa forastero sea tan francés o británico como el que más. Aquí, donde la digestión del fenómeno inmigratorio tuvo que ser necesariamente rápida, las aguas se mantienen dentro de su cauce, pero no hay que bajar la guardia ante una posible crecida. Tenía razón el president Montilla cuando, en una visita a Vic, comentó que la inversión en los barrios es una de las mejores vacunas conocidas contra el virus de la intolerancia. Oel líder de CiU en Barcelona, Xavier Trias, cuando proclama algo que no por obvio está de más recordar: la integración requiere vivienda y trabajo.

En este contexto de frágil equilibrio los poderes públicos han de actuar con el máximo rigor, aplicando a todos las mismas reglas del juego para negar argumentos a quienes sostienen que el inmigrante recibe un trato de favor. Me consta que así ha empezado a hacerse en Ciutat Vella, donde se han intensificado las inspecciones de trabajo a los comercios sospechosos incumplir las normativas. Sin concesiones, pero con discreción, esa extraña virtud desconocida por un juez cazador capaz de dinamitar en una hora, con una aparatosa operación a la vista de todo un barrio, los esfuerzos de cohesión que otros, como hormiguitas, llevan a cabo a diario.