«Doce o trece cervezas, unos cuantos cubalibres y las pastillas de «éxtasis» que había tomado» explicarían, según Sergi Xavier M., la agresión física con insultos racistas que propinó a una menor ecuatoriana en un tren de los Ferrocarriles de la Generalitat el 7 de octubre de 2007, a las 23.45. Una acción por la que ahora siente asco de sí mismo.

El joven, de 21 años entonces, fue juzgado ayer por estos hechos. La fiscal solicita tres años de cárcel al considerar que cometió un delito contra la integridad moral y otro de lesiones con la agravante de xenofobia. El acusado sólo respondió a su abogado. Además de contar algunos episodios de su dura historia familiar, aseguró que no recuerda nada de lo sucedido en el tren.

Según el relato del agresor, y debido a las drogas, su memoria se paró en un bar donde había estado antes y sólo la recobró al día siguiente cuando se despertó «en un local juvenil» de la Colonia Güell, donde vive con su abuela. Sin embargo, una cámara de seguridad grabó todo lo ocurrido: los puñetazos que le dio a la menor en la cabeza y el antebrazo, el pellizco en el pecho y la patada que le lanzó a la cabeza y que acabó impactando en el hombro al intentar protegerse con la mano.

Insultos racistas

La chica ecuatoriana, de 15 años cuando fue agredida, declaró protegida por una mampara y reiteró sus problemas de insomnio y miedo, que corroboró su madre. Los peritos que la visitaron en su día explicaron que aunque en un principio afrontó bien lo que le había pasado, la «sobredimensión» de los hechos que se produjo al hacerse público el vídeo y la interpretación que de él hizo su entorno, supuso que «se desbordara» y su estado fuera a peor.

En cuanto al agresor, los psiquiatras recordaron que no hay analíticas que demuestren que bebió o se drogó. Aunque no padece enfermedad mental, sí tiene trastornos de la personalidad, con actitudes impulsivas y desafiantes, y debería tratarse. Para la fiscal, los rasgos psicóticos y el pertenecer a una familia «desestructurada» «no son causa necesaria para que cometa esas acciones».

Las acusaciones particulares se adhirieron a la petición de tres años de prisión del Ministerio Fiscal, incluida la ejercida por la familia, que inicialmente reclamaba nueve años.