El Europarlamento dio ayer su visto bueno definitivo a la directiva que obligará a los gobiernos de los Veintisiete a castigar con penas de cárcel a los empresarios que, con carácter reincidente o grave, contraten inmigrantes en situación irregular. La medida afectará también a quienes los sometan a condiciones inhumanas, a quienes den trabajo a menores y a quienes empleen víctimas de las mafias del tráfico de personas.

La Eurocámara ya se había comprometido a aprobar la norma, pero aplazó el voto hasta ayer. La ley debe ahora ser aprobada por el Consejo, y dará a los países dos años para modificar sus legislaciones.