LLUÍS URÍA – París. Corresponsal

ARMAS DE FUEGO Los disparos que acabaron con la vida del sindicalista salieron de una barricada

REFUERZOS El Ministerio del Interior envía a la isla cuatro escuadrones de gendarmes
Las armas han tomado el relevo a las pancartas en Guadalupe. Las bandas de jóvenes violentos han sucedido a los manifestantes y los huelguistas. La revuelta social desencadenada hace un mes en esta isla de las Antillas francesas, inmersa en los últimos días una peligrosa escalada, se ha cobró ayer la primera víctima mortal: Jacques Bino, un sindicalista de la CGTG, murió tiroteado en la madrugada del miércoles en una peligrosa barriada de la capital guadalupeña, Pointe-à-Pitre, cuando volvía de un mitin. No fue un accidente.

Según la prefectura, la víctima recibió tres disparos efectuados con una escopeta de caza por un miembro de una banda de jóvenes que había levantado una barricada en la cité Henri IV, uno de los barrios marginales de la ciudad. La policía, que interrogaba ayer al acompañante del sindicalista, no descarta que ambos fueran confundidos con agentes del orden de paisano. Tres policías que acudieron al lugar para tratar de auxiliar al sindicalista resultaron asimismo heridos de bala. Lo mismo que otros tres gendarmes en el transcurso de violentos enfrentamientos en Baie-Mahault, una localidad situada diez kilómetros al norte de la capital. La noche del martes al miércoles fue la más violenta desde que se desató el movimiento de protesta: siete edificios y una veintena de vehículos incendiados, 15 comercios objeto de pillaje, 13 detenidos…

El primer ministro, François Fillon, condenó firmemente el asesinato del sindicalista y los actos de violencia, y la ministra del Interior, Michèle Alliot-Marie, anunció ayer tarde el envío urgente de cuatro escuadrones de gendarmes – 300 agentes-para reforzar la dotación de las fuerzas de seguridad de la isla, integradas por un millar de gendarmes y otros tantos policías.

El carismático líder del movimiento de protesta, Elie Domota – jefe de filas del movimiento LKP (Liyannaj kont´pwofitasyon,Colectivo contra la explotación en creole)-responsabilizó al Gobierno del aumento de la violencia, que atribuyó de una parte a la marcha atrás del Ejecutivo respecto a un aumento de 200 euros de los salarios más bajos y, de otra, a la represión de los gendarmes, a quien acusó de actitudes racistas. “El Estado quiere reventar al negro”, afirmó en unas polémicas declaraciones en el diario Libération.A otro nivel, los dirigentes sindicales nacionales y la líder del Partido Socialista, Martine Aubry, cargaron también contra el Gobierno, por ignorar las reivindicaciones antillanas.

Las negociaciones conducidas por el secretario de Estado de Ultramar, Yves Jego, quedaron interrumpidas al final de la semana pasada después de que el Gobierno se negara a compensar – vía rebaja de cargas sociales a las empresas-el aumento de salarios. Las cuestiones económicas están en la raíz del conflicto – en algunos barrios de Guadalupe el desempleo juvenil alcanza el 50% y hasta el 70%-,pero no lo explican todo: los antillanos han acumulado un fuerte resentimiento contra la minoría blanca – los békés,herederos de los antiguos colonos-que domina la economía de la isla y contra el Estado.