Cáritas afirma que algunos vitorianos cobran entre 150 y 200 euros por permitir que alguien se cense en su domicilio

vitoria. El concejal responsable de los Servicios Sociales de Vitoria, Peio López de Munain, tachó ayer de “bulo” los casos de compraventa de padrones denunciados por Cáritas y expuestos mediáticamente por el PNV e instó a los grupos políticos municipales – que le pedían soluciones desde el ámbito de la intervención social – a “denunciar ante la Policía Municipal cuando tengan constancia de este delito”.

El edil socialista aseguró en una comparecencia solicitada por los jeltzales que “los Servicios Sociales no tienen constancia de que haya vecinos de Vitoria que cobran entre 150 y 200 euros por permitir que alguien se empadrone en su domicilio”. Una situación que la ONG católica Cáritas sí ha certificado al igual que “los trabajadores de alguna oficina de atención ciudadana”, según aseguró ayer la edil del PNV en esta materia, Nerea Melgosa. Ésta solicitó “un régimen sancionador contra quienes comercian con los Derechos Humanos”.

Por su parte, la edil del PP y ex diputada de Asuntos Sociales Ainhoa Domaica pidió al concejal socialista que “al menos, se moleste en investigar en qué medida se dan o no estas situaciones en nuestra ciudad”. En la misma dirección, la concejala de Ezker Batua Saioa Castañeda subrayó que “la solución a este tipo de problemas es facilitar el empadronamiento a quienes no tienen domicilio concreto”, algo con lo que coincidió el resto de la oposición.

Ararteko y síndico Eso es precisamente lo que pidió hace un año el Defensor del Pueblo, el Ararteko (Íñigo Lamarca), que instó a los municipios vascos a no poner trabas al empadronamiento de los inmigrantes sin papeles. También el Defensor de los Vecinos de Gasteiz, el Síndico (Javier Otaola), se ha sumado a esta petición y ha instado al Consistorio vitoriano a facilitar el padrón a quienes no puedan justificar su residencia en una vivienda.

En relación a las prácticas del Ayuntamiento gasteiztarra en torno a los empadronamientos, Peio López de Munain defendió que el Consistorio aplica la Ley de 1985 que rige este ámbito, norma que, según señaló, permite empadronar a alguien sin domicilio siempre que los Servicios Sociales certifiquen que vive en el municipio. De hecho, el edil reconoció que algunos están empadronados en la dirección de algunos recursos sociales de la ciudad.

Por otra parte, al margen de las posibles soluciones a la compraventa de padrones, explicó que el Departamento de Nuevas Tecnologías está dando pasos para avanzar en un protocolo de coordinación con el área de Intervención Social para evitar fraude en los empadronamientos. Para ello, el Ayuntamiento vitoriano se guía por el modelo ya implantado en Bilbao. Por el momento, la solución del área de Asuntos Sociales de Patxi Lazcoz es la que sigue: “Si esto realmente está ocurriendo, vayan y denúncienlo en la Policía”.