El concejal de Intervención Social en el Ayuntamiento de Vitoria negó ayer la mayor y aseguró categórico que el equipo de Gobierno no tiene constancia de ningún caso de fraude en el sistema municipal de empadronamiento. Es más, llegó a invitar a la oposición a que si conoce alguna irregularidad «acuda a la Policía».

Lo hizo durante la comparecencia que el PNV le solicitó de manera extraordinaria después de que Cáritas advirtiera en este periódico de la existencia de casos puntuales en los que los inmigrantes pagan entre 150 y 200 euros para que un vecino de la ciudad les «preste» su domicilio y poder, así, inscribirse como residentes.

Tras poner en duda la veracidad de esta denuncia, a la que confirió el rango de «noticia de prensa», Peio López de Munain se enfrentó a las críticas de toda la oposición. Visiblemente «dolida», la portavoz jeltzale en el área de Asuntos Sociales, Nerea Melgosa, reprochó al concejal socialista su «falta de interés» por el tema y le exigió concretar qué medidas va a tomar el equipo de gobierno «para sancionar a aquellas personas que se están lucrando a costa de otros».

En idéntico sentido se pronunció también la concejala del PP, Ainhoa Domaica, que tras reprochar a López de Munain su falta de «sensibilidad», le instó a «encarar los problemas o, al menos, a investigarlos». Lo mismo le solicitó Saioa Castañeda, de Ezker Batua, después de exigirle que garantice el empadronamiento de todas las personas que residen en Vitoria, al margen de que posean, o no, una vivienda.