Madrid

Después de casi 28 años trabajando en distintos países y frentes para Amnistía Internacional, su director para España desde hace una década, Esteban Beltrán (1961), ha decidido publicar un trabajo personal, fruto de su amplísima experiencia en temas tan variados como inmigración, violencia de género, pobreza, tortura y un largo etcétera. Derechos torcidos (Editorial Debate) lleva un subtítulo que sintetiza lo que es la columna vertebral de su libro: Tópicos, medias verdades y mentiras sobre pobreza, política y derechos humanos.

«En estos últimos cuatro años he trabajado en este libro, intentando desmontar los tantos lugares comunes que se oyen a diario sobre las virtudes de la democracia, sobre el ‘modelo’ de la transición española, o sobre cómo nos dicen en sondeos y estadísticas que piensa la gente ‘mayoritariamente’ sobre tal o cual tema». «¿Cómo se explica, si no, que un año después del 11 – M, el temor a un ataque terrorista ya no apareciera entre las principales preocupaciones de los españoles? ¿O por qué se movilizaron millones de personas en los meses previos a la guerra de Irak, en 2003, y desde que se inició hace seis años, no lo volvieron a hacer?»

En sus 350 páginas, el libro desmonta con demoledores argumentos y profusa documentación muchas de las afirmaciones que se hacen a diario y pone el dedo en la llaga en temas supuestamente incuestionables.«¿Quién comparece ante el Parlamento o ante un tribunal, por no respetar el derecho a un trabajo, a una vivienda, de tanta gente?» «¿Que institución en el mundo juzga a los responsables principales de que un porcentaje tan grande de la población mundial carezca de los medios más elementales para subsistir? ¿Qué tribunal juzga a los responsables de la pobreza?», se pregunta en voz alta Beltrán durante la entrevista.

«El gran problema es que no hay país en el mundo ni institución internacional que dé por abolida la pobreza. Si eso se produjera, si se convirtiera en ley, se tomarían medidas para cumplirla y a los gobernantes se les pediría rendición de cuentas sobre los progresos que hacen en ese sentido». Beltrán denuncia la inmoralidad de no asumir esos compromisos. «¿No es gracias a leyes que prohíben la tortura, por ejemplo, que en cada vez más países se puedan denunciar los casos en los que éstas se violan? «Si no estuviera establecido por ley ¿no habría muchos gobiernos tentados de dejar de respetar a menudo el derecho de cualquier ciudadano a tener un abogado de oficio?». Una de las claves de esto, dice Beltrán, es que mientras temas como esos figuran entre los derechos individuales de las personas, en cambio los del derecho a un techo, o a un trabajo, o a una pensión, están dentro de los derechos sociales «y el gobernante decide sobre ellos en función de la coyuntura económica o de sus prioridades». «Esto le permite no cumplir, no comprometerse con los compromisos del Milenio, con el 0,7% para la ayuda al desarrollo y tantas cosas.En España, por ejemplo, el Gobierno lo decide cada año, en función de su presupuesto.».

Sobre la tortura, Beltrán rechaza las aseveraciones oficiales de muchos países de que la han erradicado. Sobre el caso español dice que «no es una práctica sistemática, pero no es verdad que los malos tratos y las torturas hayan desaparecido. Ahora se practica especialmente contra los inmigrantes». El director de AI reconoce que han disminuido los casos en Euskadi y Cataluña gracias a las cámaras en las salas de interrogatorios, «pero ante cualquier acusación de tortura siempre prevalece la versión policial, no se investiga prácticamente nada».