En plena polémica por las órdenes dictadas a las Comisarías para detener a «sin papeles», ayer se conoció un nuevo episodio acaecido en Barajas y referido también al control sobre los inmigrantes .

El Defensor del Pueblo ha remitido un escrito a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en el que critica la decisión de la Comisaría de Barajas de rechazar en la frontera a niños españoles que llegan acompañados de uno de sus progenitores, sin permiso de entrada en España.

En el texto, la oficina del Defensor, cuyo titular es Enrique Múgica, recuerda el derecho de todo ciudadano español entrar en el territorio nacional, derecho que, según el Defensor, es violado a veces como en el caso de los niños que arriban al aeropuerto de Barajas junto a uno de sus progenitores sin permiso de residencia.

Según Efe, el Defensor del Pueblo menciona en su escrito dos casos en los que la Comisaría de Barajas negó la entrada en España de dos menores que habían llegado en avión junto a sus madres extranjeras. En uno de ello, al otro lado del puesto fronterizo del aeropuerto esperaba el padre del menor, de nacionalidad española,que intentaba infructuosamente contactar con su hijo y con la madre de éste.

El Defensor recuerda la obligación de la Policía de intentar localizar al progenitor que se encuentra en territorio nacional para que pueda hacerse cargo del niño, cosa que no se llevó a cabo en ninguno de los incidentes denunciados.

El texto recuerda también que si no es posible esa localización, nada impide que las autoridades españolas autoricen legalmente la entrada del menor y de su padre o madre para que se cumpla el derecho fundamental del niño español a residir en España.

El Defensor cita una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 que rechaza la «desmembración cierta de la familia» provocada por el proceso de expulsión de la madre extranjera de un ciudadano español. «Ni las normas sobre extranjería ni el solo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno», subraya la sentencia, que critica que el menor pueda permanecer en España con todos los derechos, «pero solo y separado de su madre».

Información inmediata

El Defensor del Pueblo rechaza asimismo el argumento utilizado por el comisario de Barajas de que nada impide que los menores españoles, provistos de su pasaporte, puedan acceder al territorio nacional en cualquier momento, teniendo en cuenta que se trata de niños de muy corta edad que «necesitan de sus progenitores para ejercer sus derechos».

Por todo ello, la institución ha remitido una recomendación al Ministerio del Interior en la que le insta a impartir instrucciones a todos los puestos fronterizos para que se cumpla el derecho fundamental del menor español a entrar en el país.

El Defensor solicita también que, en cualquier caso, se informe con carácter inmediato al Ministerio Fiscal de la presencia de un menor de edad español en la Sala de Rechazados de un puesto fronterizo.

Por otra parte, Múgica cuestionó ayer en el Senado la dimensión ética de quienes defienden la utilización de «salas de reflexión» o «salas de baja estimulación» en centros de protección de menores con trastornos de conducta y en dificultad social. Y resaltó que bajo esos eufemismos algunos defienden esas prácticas con el argumento de que «se trata de que el niño toque fondo, de doblegar del todo sus resistencia».

El Defensor del Pueblo presentó ante la Comisión Mixta Congreso – Senado el informe de la institución sobre los mencionados centros de menores en el que se analizan 27 de los 58 que existen en España. Según el informe, cuyo contenido fue adelantado por ABC, en algunas de las instalaciones investigadas se han encontrado serias deficiencias relacionadas con la aplicación de medidas disciplinarias, la administración de medicamentos psiquiátricos contra la voluntad de los menores y sin ajustarse a la ley, la falta de participación en el centro o la prohibición de asistir a clase, entre otras.

Sobre los aislamientos de los menores, Múgica indicó que «tendrían que ser sustituidos de inmediato por otros espacios,convenientemente acondicionados para evitar lesiones». Los denunciados llegan a tener, en algún caso, portones de hierro y paredes forradas de caucho negro, carecen de ventilación y apenas alcanzan los tres metros de longitud.

Además y una vez modificados, «su utilización debería estar protocolizada en todo caso, y reservada exclusivamente a un uso terapéutico y jamás punitivo». El Defensor explicó que esos métodos derivan en autoagresiones y pueden llegar al intento de suicidio y hasta el suicidio.

Mágica advirtió que tras su informe, lo importante es «aunar esfuerzos» para potenciar la acción social y la atención a los menores.