«Alguien no ha hecho las cosas bien, pero no han sido ni el ministro ni el secretario de Estado ni el director general de la Policía ni el director operativo». Con estas palabras, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiso desmarcarse de la nota interna de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en la que se da instrucciones a los agentes para detener un número determinado de inmigrantes «sin papeles» a la semana.

Rubalcaba acudió ayer al Congreso de los Diputados para comparecer en la Comisión de Interior. Lo hacía a petición propia para hacer balance sobre la lucha contra la inmigración ilegal el pasado año. Su solicitud se registró hace semanas. Nadie sabía que dos días antes de acudir iba a saltar a los medios la creación de los polémicos cupos de detención a extranjeros en situación irregular. Por eso, la participación de ayer del ministro en la Cámara rozó a ratos el absurdo.

Absurdo porque después de haber reconocido el día anterior la existencia de esta política y haber dado órdenes expresas de acabar con ella, ayer lo negó todo. «Quiero decir con toda rotundidad – manifestó en el Congreso – que no existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal ni escrita, dictada por los responsables policiales para establecer un cupo de inmigrantes ilegales que detener».

Rubalcaba, sin embargo, quiso ir un poco más lejos. «El objetivo prioritario de la política de expulsiones del Ministerio es expulsar de nuestro país a aquellos extranjeros legales o ilegales cuya actividad en España sea delictiva y pueda afectar negativamente a la seguridad del país». Por cuarta vez en dos días el ministro o su Ministerio había cambiado de versión al respecto.

«Patética y cobarde actitud»

Hernando lamentó su «patética y cobarde actitud» y le recriminó el intento de «escurrir el bulto».

Más dura, si cabe, resultó la diputada Rosa Díez que acusó al ministro de «esconderse detrás de sus palabras». «Es una actuación política escandalosa; no creo en las conspiraciones. A los policías se les obliga a hacer «palotes» (detenciones a discreción)… Parece que se ha venido a instaurar una especie de estado de excepción».

El diputado del PNV, Emilio Olabarría, mostró sus sospechas porque desde que se han estado produciendo estas prácticas policiales «se hayan incrementado exponencialmente el número de extranjeros que han llegado a otras ciudades españolas». Cree que se trata de una «práctica aberrante, que provoca unos efectos perversos alarmantes».

Más condescendientes con Rubalcaba fueron Joan Tardá (ERC) y Carles Campuzano (CiU). El primero, entre otras cosas, le pidió «no presionar demasiado al «top manta»». El segundo, por su parte, le recordó las «repercusiones negativas» que puede tener el relacionar inmigración con delincuencia.

Quienes también mostraron ayer su rechazó a las palabras del ministro fueron los cuatro sindicatos de policía (SUP, CEP, UFP y SPP) que en un comunicado conjunto – bajo el título «Alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior» – aseguran que Rubalcaba conocía las órdenes que exigían el cumplimiento de los cupos porque ellos mismos se quejaron de eso ante él. El encuentro tuvo lugar, dicen, el pasado 27 de enero, en el seno del Consejo de Policía.