Con indignación se ha acogido en Marruecos la circular en la que se fijan cupos semanales de inmigrantes irregulares, prioritariamente marroquíes, que deben ser detenidos por la policía para su posterior repatriación.

Los rotativos del reino alauí centran su atención en esta nueva afrenta, no dudando algunos, como Le Soir, en invocar una «caza de los marroquíes». Así, en el imaginario del país magrebí se une este «agravio» a los acontecimientos de febrero del 2000 en El Ejido, o al reciente plan de retorno voluntario de inmigrantes del Ejecutivo de Zapatero, muy cuestionado en Marruecos.

El porqué de esta circular lo han explicado diarios como Al Massae o L’Opinion en clave populista, no dudando en echar mano de tópicos como el «racismo» o el «odio ancestral de los españoles al encuentro de los moros». Otros, como L’Economiste , hablan de «un efecto colateral de la crisis económica», calificando los hechos de «muy graves, sobre todo cuando ocurren en naciones que se consideran democráticas». La agencia oficial de prensa, MAP, destaca cómo los marroquíes son «objetivo prioritario por la celeridad de los trámites de repatriación y el bajo coste que supone su expulsión».

Por el momento no se ha producido ninguna reacción oficial, pero altos responsables del país han manifestado su preocupación sobre la fijación de cupos para el arresto de inmigrantes irregulares marroquíes. El embajador del Reino de Marruecos en Madrid, Omar Azziman, llamó al director general de política mediterránea del Gobierno Zapatero, Fidel Sendagorda, para transmitirle su inquietud y pedirle explicaciones. Por su parte, hoy se espera que el jefe de la diplomacia marroquí, Taieb Fassi Fihri, haga lo propio con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Losada, con quien debe reunirse en el marco de un viaje que este último efectúa a Rabat.

En España viven unos 650.000 inmigrantes marroquíes en situación regular, a los que habría que añadir otros 100.000 sin papeles. Marruecos cuenta con una comunidad emigrante muy numerosa en países como Francia, Holanda, Bélgica o Canadá, conformándose como un auténtico poder fáctico de gran peso económico, de ahí lo sensible de autoridades y población a las cuestiones relacionadas con ellos.