¿Es necesario acreditar un domicilio para figurar en el padrón municipal? Hasta ahora, los ayuntamientos, entre ellos el de Vitoria, han considerado que sí. En consecuencia, ponen trabas a quien no proporciona una dirección de residencia. La cuestión no es, sin embargo, tan sencilla. Así, al menos, lo creen los diferentes Defensores del Pueblo.

Hace algo más de un año, el Ararteko, Íñigo Lamarca, reclamó a los municipios del País Vasco que no pusieran obstáculos para empadronarse a los inmigrantes sin papeles por carecer de documento de identidad o no tener domicilio fijo.

A esta petición se suma ahora el Síndico vitoriano, Javier Otaola. Lo hace en vísperas de que el Consistorio debata sobre este asunto. La comisión de Asuntos Sociales abordará mañana una solicitud del grupo municipal del PNV para revisar la normativa del padrón municipal. Los concejales jeltzales se han hecho eco de las críticas realizadas por Cáritas respecto a la interpretación que la capital alavesa hace de la legislación en materia de empadronamiento.

La organización cristiana opina que los aspirantes a ser empadronados en la ciudad sólo deberían demostrar que residen «en el municipio, no que viven en un domicilio concreto». ¿El motivo? Considera que esta exigencia «complica la situación de muchas personas que viven en Vitoria, pero sin un contrato de propiedad o de alquiler de una vivienda», manifestó hace unos días Blanca Díaz de Guereñu, abogada de la ONG.

En la misma línea, la concejala peneuvista Nerea Melgosa cree que el Consistorio está realizando una interpretación tan literal de la normativa que, en la práctica, favorece la picaresca. Y es que Cáritas ha denunciado casos puntuales de inmigrantes que pagan entre 150 y 200 euros a vecinos de la ciudad para que les permita inscribirse como residentes en su domicilio. «Nos parece inadmisible que sea una asociación quien diga que se están vendiendo padrones y poniendo precio a los derechos humanos», se quejó Melgosa.

‘Llave’ de derechos

Los extranjeros que abonan estas cantidades lo hacen para adquirir cuanto antes la categoría de vecinos del municipio, un reconocimiento que es la ‘llave’ de acceso a los servicios sanitarios y educativos o a las ayudas sociales.

Con estos antecedentes y en base a la ‘doctrina’ del Ararteko, el Síndico ha vuelto poner sobre la mesa un informe de buenas prácticas para la admisión de solicitudes en la Oficina del Padrón. En su dictamen, Javier Otaola opina que los encargados del registro municipal deben admitir «toda solicitud» de empadronamiento «sin perjuicio de que pueda rechazarse» con posterioridad. Ahora bien, para que esto ocurra debe ocurrir que «la identidad del solicitante no quede acreditada mediante un documento vigente» o que no demuestre que vive en la ciudad.

¿Es necesario disponer de domicilio? El Síndico cree que no porque puede ocurrir que el solicitante carezca de un lugar de residencia ‘normalizado’ y puede vivir en alguno de los servicios sociales del Ayuntamiento. Por tanto, considera que corresponde a los encargados de la Oficina del Padrón, y no a los solicitantes, ponerse en contacto con los Servicios Sociales para acreditar que no se trata de un transeúnte. Otaola ve importante aceptar la solicitud porque «desde el punto de vista jurídico su fecha de presentación es el momento temporal al que se pueden retrotraer los efectos del empadronamiento».