Cuatro nuevos cuerpos de inmigrantes muertos en el naufragio de una patera en Lanzarote, correspondientes a niños de entre 13 y 14 años, fueron recuperados ayer (tres de ellos por la tarde) por los efectivos de seguridad y emergencias que rastrean la costa de la isla, con lo que la cifra de cadáveres llega ya a 25.

Con la recuperación de los restos de estos cuatro menores, que se produjo tras reanudarse la búsqueda de inmigrantes del naufragio del domingo en las aguas de Lanzarote, según confirmaron fuentes de Cruz Roja, se considera que sólo falta por hallar el cuerpo de un último ocupante de la embarcación, que llevaba a bordo 32 personas, de las que sólo seis lograron sobrevivir.

La cifra de 32 ocupantes se conoció por la declaración de última hora de un inmigrante que afirmó que el dato que se dio en un principio de que en la embarcación viajaban veintiocho personas era incorrecto.

Esa declaración de que el número de viajeros era 32 ha posibilitado el hallazgo de los nuevos cadáveres, pues la búsqueda se había suspendido al mediodía de ayer, con veintidós cuerpos hallados, que, sumados a los seis sobrevivientes, completaban el dato inicial.

En cuanto a los hechos, todo apunta a que la patera volcó al chocar con un roca, según el juez de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arrecife, Ricardo Fiestras Gil. El juzgado precisa que la patera era una barca con un motor pequeño de gasolina que salió de Tarfaya (Marruecos) y, “al llegar cerca de la costa, volcó al chocar contra una roca”. El juzgado puntualiza que aún está por determinar si el patrón de la patera se encuentra entre los cadáveres y sostiene que ninguna de las mujeres fallecidas se encontraba embarazada. También explica el juez que no se tiene constancia de que ningún ocupante de la patera llegara a la costa y huyera.

Rubalcaba niega las acusaciones En otro orden de cosas, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se desvinculó ayer por completo de la instrucción policial para realizar un cupo de extranjeros en situación irregular. Negó que la orden parta de su departamento porque ni el director general de Guardia Civil y Policía Francisco Javier Velázquez, ni su segundo, el director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández Chico, trasladaron esa instrucción ni verbalmente, ni por escrito.

Cinco horas después de que apareciese la noticia, la Dirección General de Policía y Guardia Civil hizo pública una nota en la que decía: “A cada distrito se le marcan unos objetivos mensuales en todas las áreas de actuación policial y que comprenden todas las infracciones recogidas en la legislación”, añadiendo que también se fijaban “unas directrices que sirven exclusivamente para aplicar la Ley de Extranjería”.

Toda la oposición pidió explicaciones ayer a Rubalcaba por la nota y las que ofreció no convencieron en absoluto al Grupo Popular y a UPyD. La portavoz de este partido, Rosa Díez, acusó a Rubalcaba de “esconderse detrás de las palabras, realizando una declaración solemne que no es compatible con la realidad de los hechos”. Para Díez, detrás de la orden policial hay “una actuación política escandalosa e incompatible con el Estado de Derecho”.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) aseguraron ayer que el ministro del Interior conocía las órdenes de realizar identificaciones masivas de inmigrantes irregulares y que no ha hecho nada hasta que ha trascendido.

En concreto, los sindicatos policiales citan una reunión del 27 de enero en el seno del Consejo de Policía órgano de mediación entre sindicatos e Interior en la que pusieron en conocimiento del director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y su segundo, Miguel Ángel Fernández Chico, su inquietud por determinadas órdenes que estaban recibiendo los agentes.