Madrid. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba se contradijo ayer al negar primero que los máximos responsables policiales hayan emitido “ninguna instrucción, circular ni orden verbal ni escrita” para fijar cupos de inmigrantes irregulares a detener y afirmar después que dichos cupos han sido eliminados. Para colmo, Rubalcaba negó también la existencia de redadas contra inmigrantes ilegales al tiempo que los sindicatos policiales afirmaban lo contrario.

Pérez Rubalcaba compareció ante la Comisión de Interior del Congreso y en referencia a una nota interna de la comisaría de un distrito madrileño en la que se fija como objetivo un cupo mínimo de arrestos de sin papeles y a la instrucción posterior en la que establece que en lo referente a la inmigración ilegal se establezcan únicamente objetivos “cualitativos”.

El ministro del Interior rechazó que esta instrucción suponga una “rectificación” porque “no se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente”, ya que no existe “ninguna instrucción, ni circular ni orden verbal ni escrita” para establecer cupos de detenidos.

Posteriormente, en respuesta a la diputada de UPyD, Rosa Díez, Rubalcaba negó también que existan instrucciones para detener de forma masiva a inmigrantes con el objetivo de mejorar las estadísticas policiales. “¿Usted pretende decir que se ha pedido a los policías que incumplan la Constitución?”, se quejaba. “No me cabe en la cabeza que ningún policía pueda hacer eso”, insistió el titular de Interior. “Lo niego, lo niego, lo niego”, dijo.

Sin embargo, al mismo tiempo los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP aseguraban ayer que informaron hace tiempo al Ministerio del Interior de que se estaban llevando a cabo redadas indiscriminadas de inmigrantes sin papeles y que no se había hecho nada al respecto hasta que el asunto ha sido de conocimiento público.

En un comunicado, y en respuesta a la afirmación del ministro, los sindicatos dicen que “las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros, que adquieren al producirse el carácter de sospechosos, son producto de instrucciones de los responsables políticos”.

Los firmantes del texto señalan al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y al director adjunto operativo, Miguel Ángel Fernández, a los que informaron en una reunión del Consejo de la Policía el 27 de enero “sin que hasta la fecha hayan dado respuesta alguna”. Las centrales también remitieron al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General y a los grupos parlamentarios “un documento sobre prácticas policiales que consideramos podrían atentar contra los derechos constitucionales”. >agencias

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“No me cabe en la cabeza que un policía haga eso. Lo niego”

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Ministro del Interior español

“Hay identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros”

SUP, CEP, UFP y SPP

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