El naufragio de una patera frente a la costa de Lanzarote en la madrugada del domingo ha devuelto al primer plano de la actualidad la cara más dramática de la inmigración ilegal. En total, 24 de los ocupantes de la embarcación, 15 de ellos menores de edad, perdieron la vida tras más de veinte horas de travesía. Este trágico suceso llega en plena polémica por las  directrices puestas en marcha por el Ministerio del Interior para luchar contra la inmigración irregular, mediante las cuales los agentes de la Policía deben cumplir con un cupo de detenciones semanales. Sin embargo, el constante goteo de muertos frente a nuestras costas demuestra que estos métodos resultan tan discutibles como inútiles, porque el origen del problema radica en la impunidad con la que actúan las mafias de la inmigración en numerosos países africanos. Resulta repulsivo el hecho de que estas organizaciones criminales se lucren embarcando a centenares de personas en un cayuco con el fin de abaratar costes y que no tengan reparos en traficar con niños y adolescentes, sabedores de que la legislación española prohíbe su repatriación. Por ello, el Gobierno debe redoblar sus esfuerzos en el control de la inmigración en origen, y dejar de experimentar con métodos que hasta hace bien poco los propios dirigentes socialistas calificaban de xenófobos.