Andan los policías madrileños mosqueados por ese mandato interno que les obliga a detener a un número determinado de inmigrantes ilegales cada semana y les premia, a cambio, con días de vacaciones. No me extraña su enfado. Por un lado, la orden lleva implícita la afirmación de que hasta ahora se detenía poco, o sea, que no cumplían; por otro, coloca a los sin papeles al nivel de esos cupones de supermercado que hay que coleccionar para conseguir una magnífica cazuela resistente a la vitrocerámica. Así están las cosas: pasamos de legalizar a todo quisqui con el bonobús, a organizar batidas entre los aparcacoches subsaharianos para cubrir el cupo.
El mismo Gobierno que en 2007 se oponía a suprimir el empadronamiento de irregulares porque era una medida «xenófoba», ahora insta a las fuerzas del orden a coger por el fondillo de los pantalones a los indocumentados, preferentemente marroquíes que salen más baratos, para ponerlos sin contemplaciones de patitas en la frontera. No sabemos si la causa es la crisis o que se han dado cuenta de que los ilegales ni votan ni dan votos, pero lo que sí parece que está claro es que la época del talante de escaparate ha llegado a su fin.
ta algo de calor en sus vidas. Suelen repetir frases como «no hay que ser exagerados», «primero va la obligación y después la devoción», o la favorita de muchos políticos: «Hay que dejarse las convicciones religiosas en casa». Apenas tienen tiempo para Dios; bufan si el sace