LAS políticas basadas en la improvisación acaban provocando reacciones pendulares, pasando de un extremo a otro, como está sucediendo con la reacción del Gobierno a la inmigración ilegal. La regularización masiva de cientos de miles de extranjeros en 2005 se hizo sin la más mínima preocupación por sus consecuencias a medio plazo. Entre ellas estaba la previsible caída del empleo de la inmigración en cuanto comenzaran los primeros síntomas de la crisis. Así ha sucedido, a lo que se está asociando un aumento de la inseguridad ciudadana. La intención del Gobierno en 2005 era muy clara y tenía como objetivo aumentar la población activa y disminuir la tasa de paro con la incorporación de miles de inmigrantes con trabajos en la economía sumergida. Sin embargo, la experiencia demuestra que ha sido un proceso fallido y generador de más problemas que de soluciones. La instrucción a la Policía de Madrid hecha pública días atrás para que detenga a un número mínimo de inmigrantes en función del barrio y el origen de los detenidos fue precisamente la consecuencia directa de uno de esos problemas. La circular de la Jefatura Superior de Madrid no era un malentendido, sino un torpe intento de paliar la magnitud del problema que supone una inmigración desmedida y, en muchos casos, descontrolada. La rectificación del Ministerio del Interior – que se produjo ayer, tras la repercusión del escándalo – no era sólo una obligación política para corregir un error lamentable que comprometía a la Policía, sino una obligación moral porque la circular que apelaba a detener y expulsar inmigrantes en virtud de criterios «cuantitativos» reflejaba unas formas inaceptables en un Estado de Derecho. El documento ponía claramente de manifiesto la hipocresía del discurso humanitario y social del Gobierno.

Ninguna medida de ordenación de la inmigración es criticable si se hace acorde con la ley y respeta la dignidad de los inmigrantes. Pero la orden de detener cupos específicos de inmigrantes entrañaba una deshumanización del problema y convertía a las Fuerzas del Seguridad del Estado en herramientas de un lavado urgente de cara en la política migratoria y de una respuesta atropellada al incremento de la delincuencia. Con la rectificación de ayer, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba demuestra tener reflejos y se ahorra otro conflicto, ya que, de haber mantenido la instrucción de la Policía madrileña, los agentes podrían haber sido denunciados al realizar detenciones aleatorias basadas en la apariencia o en la raza del detenido.

Sin embargo, y rectificaciones al margen, el problema continúa siendo el mismo: en España, las consecuencias de la política de «puertas abiertas» han desbordado la capacidad del sistema legal para hacer frente a la inmigración irregular. Después de años de entrada continua de inmigrantes, atraídos por la facilidad de su regularización, es muy difícil invertir la tendencia en poco tiempo. Faltan medios materiales, faltan policías y faltan procedimientos legales para gestionar con rapidez las expulsiones, aunque estén aumentando. Y falta, desde luego, criterio político en el Gobierno, que continúa sin ser capaz de ofrecer a la oposición elementos tangibles para lo que hoy es una verdadera necesidad: un consenso básico y duradero para reencauzar de manera satisfactoria y eficaz la política de inmigración.