La Diputación volvió ayer a clamar ayuda al Gobierno central en el polémico asunto de la llegada de menores inmigrantes a la provincia. Apenas una semana después de que el diputado general pidiera a Madrid «que pongan orden», la responsable foral de Política Social y Asuntos Sociales, Covadonga Solaguren, dio ayer un paso más y reclamó al Ministerio de Educación y Política Social que «ampare» a la institución alavesa y «regule» cuántos chavales debe atender.

La preocupación crece día a día en Álava ante el aumento de chavales que han cruzado el Estrecho en los bajos de un camión y se presentan en la provincia en busca de cama y comida por el efecto llamada. Hasta el punto de que el Ejecutivo foral ha tenido que derivar a varios de ellos al albergue municipal ante la saturación del centro foral Zabaltzen. La Fiscalía ha abierto diligencias por ello.

Solaguren declinó ayer entrar en estos detalles, pero abundó en cifras y en las medidas que, a su juicio, debería adoptar Zapatero para frenar en seco esta tendencia. Por una parte, recordó cómo la Diputación tuvo que ocuparse de 178 menores el año pasado, frente a los 59 registrados el ejercicio anterior. Esto es, casi el triple. Y sólo en enero ha atendido a otros 23 nuevos adolescentes. Para ello se ha visto forzada a aumentar en la misma proporción el presupuesto reservado a estos chavales. De los 900.000 euros de 2007 se han pasado a 3 millones en 2008 y para el presente se ha reservado una partida similar. En lo referente a personal, según la diputada foral, hasta 83 personas del organigrama foral trabajan en mayor o menor medida en este programa. Además, se ha tenido que echar mano de las 51 plazas destinadas en principio a «jóvenes autóctonos» en diferentes servicios y cuenta con la colaboración «puntual» del Ayuntamiento de Vitoria.

Los mismos en Madrid

Con esta fotografía, el Ejecutivo foral tiene muy claro que la distribución de estos críos por España, que en muchos casos se juegan la vida en busca de una mejor, se debe hacer «con criterios homogéneos en base a la población». Y puso ejemplos. Madrid, con casi diez veces los habitantes de Álava, atendió a 200 menores en sus centros. Galicia, a un centenar, según los datos aportados por la diputada.

Para evitar estas diferencias, la responsable foral reclamó al ministerio que establezca «protocolos de actuación homogénea» en todas las comunidades que permitan fijar un «sistema de valoración conjunto».

En esta perspectiva, pidió que se defina de manera explícita el número de jóvenes que debe atenderse por territorio para poder así «planificar los recursos». Solaguren indicó que desde Álava «asumiremos los menores que tengamos que asumir», al tiempo que advirtió que hay un «tope de solidaridad». De paso preguntó por qué el resto de comunidades no hacen público las «fugas» de sus jóvenes a otras zonas.