Más de 900 inmigrantes latinoamericanos fueron detenidos y puestos en procesos de deportación durante un operativo piloto que llevaron a cabo las autoridades de una localidad del estado sureño de Georgia.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inició a mediados de enero el Criminal Alien Program (CAP) en el condado de Gwinnett, estrategia con el que pretendían deportar a todo extranjero que durante un mes fuera arrestado por cualquier causa. Gwinnett es el condado con más población latina de Georgia: el 17% en 2007.

En el CAP participaron 15 agentes del ICE, en conjunto con los oficiales de la Oficina del Alguacil de Gwinnett, quienes entrevistaban a todos los inmigrantes que eran recluidos en el Centro de Detención de Gwinnett. En total, se emitieron órdenes de deportación para 914 ciudadanos latinoamericanos que se encontraban sin documentos en EUA.

“Gwinnett es más seguro hoy gracias a esta operación y esperamos continuar esta relación con ICE”, declaró el alguacil Butch Conway, en una rueda de prensa.

Según las autoridades, el 54% de los detenidos tenían antecedentes, por lo que serán deportados a sus respectivos países en las próximas semanas. La mayoría de los prisioneros eran oriundos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Los primeros prisioneros que los agentes del ICE pusieron en lista de remoción fueron aquellos acusados de cometer delitos graves, y cuando lograron identificarlos a todos, procedieron a indagar el estatus migratorio de los que estaban por delitos menores, como manejar sin licencia.

Al final, unas 226 personas fueron procesadas conducir sin licencia y 37 más por otros delitos menores que no especificaron cuáles. Asimismo, informaron que los demás cayeron por delitos graves como homicidio, robos armados, tráfico de drogas, violaciones, violencia doméstica y manejar en embriaguez.

Conway aclaró que se sintió en la necesidad de solicitar intervención federal debido al “alto número de extranjeros ilegales” que cada año son remitidos a la prisión bajo su mando, cuya manutención les cuesta entre $6 mill y $7 mill a los contribuyentes.

El alguacil negó que en su condado ocurra persecución contra los latinos, alegando que su decisión de trabajar con ICE no repercute en aquellos inmigrantes respetuosos de la ley, sino únicamente en quienes la quebrantan: “A nadie fuera de la cárcel se le verifica el estatus legal”.

Pese a que el CAP ya terminó en Gwinnett, las autoridades coincidieron en que es necesario continuar deportando a los reclusos indocumentados. Revelaron que por ello un número indeterminado de agentes se quedará en la prisión del condado para revisar el estatus migratorio de ciertos prisioneros.

“ICE no se va. Aunque reducida pero tendremos presencia en la cárcel”, reveló el asistente del director de deportaciones del ICE, Larry Orton.

Otra novedad, según Orton, es que el CAP también se aplica a inmigrantes indocumentados, sino también aquellos legales que representan un riesgo para la comunidad estadounidense. Este fue el caso de Harlem Martínez, un salvadoreño acusado de agresión física y abuso sexual en contra de sus cuatro hijas.