La orden de la Jefatura Superior de Policía es taxativa: «Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito». Como si se tratara de una cacería humana, los responsables policiales, subordinados al Ministerio del Interior, han cursado orden a todas las comisarías madrileñas, y se supone que también al resto de España, de establecer unos cupos de expulsión de obligado cumplimiento, con la autorización expresa de que si la «cacería» fuera escasa en el distrito propio, se amplíe a los aledaños. Pero no termina aquí la grosera norma policial. En un asombroso esfuerzo por ahorrarle costes al Estado, se especifica que conviene seleccionar las piezas que resulten más baratas de repatriar, como los marroquíes, que no requieren costosos pasajes de avión, pues su repatriación se hace por carretera. Por este mismo motivo, se sugiere no detener a los bolivianos. La deleznable mentalidad que subyace a esta orden policial refleja hasta qué punto el Gobierno socialista ha perdido los papeles con la inmigración y ha pasado de un demagógico «papeles para todos» a la cacería selectiva por motivos de presupuesto. Hace cuatro años, el PSOE tachó de xenófobos a quienes advirtieron contra el «efecto llamada». ¿Cómo se debe tachar ahora la orden de Rubalcaba?