El Estado mexicano enfrentará esta semana, por primera vez, el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) evaluando su cumplimiento con la normas universalmente reconocidas de los derechos humanos en la sede de la ONU en Ginebra. Escribimos para poner los temas entrelazados del incumplimiento estatal con los derechos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, así como sus familias y comunidades de origen, en el centro de este debate.

Esta carta sintetiza otra similar difundida el martes en Ginebra en la sesión correspondiente del Consejo de Derechos Humanos, en nombre de la red intercontinental de organizaciones de base de estos sectores, conocida como Miredes Internacional, con presencia en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y Suiza.

Desde nuestra perspectiva, las dimensiones de la migración mexicana –la más extensa, en números absolutos, de todo el mundo–, con más de 11 millones de ciudadanos mexicanos y otros 16 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, es la prueba más contundente de los fracasos de los que dicen gobernar este país. Sus imposiciones de las políticas neoliberales, la militarización y el terror estatal resultan en el empobrecimiento y despojo de nuestras comunidades y pueblos, y son las causas inmediatas de este trágico éxodo que constituye en sí una grave violación sistemática de nuestros derechos, incluyendo la negación generalizada de las condiciones necesarias de una vida digna en nuestros lugares de origen. Todos estos factores se combinan para producir nuestro desarraigo forzado masivo.

Un creciente número de los damnificados por estos procesos somos pueblos indígenas, mujeres y menores de edad, tanto de origen mexicano como latinoamericano, en tránsito por nuestro país y sometidos a las peores vejaciones. Por eso nos indigna en particular y nos inconformamos con la demagogia estatal que pregona un compromiso con los derechos humanos en general, ausente en la práctica.

Pedimos una congruencia real de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con los preceptos pisoteados que le otorgan su único sustento ético real, al formular sus observaciones y recomendaciones críticas ante el informe estatal falaz sometido como parte de este examen, pues es ajeno a la realidad que padecemos cotidianamente, que incluye más de 10 mil muertos en camino al norte en 15 años, y el abandono gubernamental de nuestros connacionales desterrados. 

Elvira Arellano, Marta Sánchez, el Padre Luis Angel Nieto, y Emma Lozano, en nombre del Movimiento Migrante Mesoamericano, Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida (México) y Centro Sin Fronteras (Chicago, EU); Teresa Gutiérrez, Comité Primero de Mayo/International Migrant Alliance (Nueva York); Confederación Solidaridad (Nicaragua/Costa Rica), Asociación de Inmigrantes por una Integración de Latinoamérica y El Caribe (APILA, Chile), Centro de Atención a Migrantes (Guatemala), Caravana de Madres Hondureñas (Honduras), Miredes Ecuador, Silvana Mastromatteo (Miredes Suiza); todo/as integrantes de la red de Miredes Internacional; Camilo Pérez Bustillo, Profesor – Investigador, Programa de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)