Raro es el ciudadano que no ha sufrido alguna vez el peso de la burocracia. Largas colas, papeleos interminables y continuas visitas a la oficina de turno forman parte de trámites como el empadronamiento. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria, registrarse como residente en el municipio ha llegado a convertirse en una odisea, según criticó ayer la organización Caritas. «Cuando una persona acude a apuntarse al padrón, se estudian los documentos que lleva por encima y, en el caso de que le falte alguno, se le niega el empadronamiento de palabra. El ciudadano se encuentra indefenso, no tiene ningún papel para alegar o recurrir esa respuesta», advirtió ayer Blanca Díaz de Guereñu, abogada de la entidad benéfica.

De esta forma, el proceso de empadronamiento se alarga más de lo debido y provoca que un vecino de Vitoria no pueda «disfrutar de los derechos» – sanidad, educación… – que le corresponden por una «falta en las buenas prácticas exigidas» a cualquier Administración. En ocasiones, no se puede acudir a la oficina del padrón con todos los papeles requeridos. «El Ayuntamiento está realizando una interpretación restrictiva de la normativa de empadronamiento», asegura la abogada de Cáritas, que obliga a los ciudadanos a presentar unos documentos que no siempre tiene a su alcance.

Así, los aspirantes a ser empadronados en un determinado lugar sólo deberían demostrar que residen «en el municipio y no que viven en un domicilio concreto, como exige el Consistorio», denunció Díaz de Guereñu. «Esto complica la situación de muchas personas que viven en Vitoria, pero que no tienen un contrato de propiedad o de alquiler de una vivienda», subrayó la abogada de la organización.

200 euros por la casa

Los afectados por este particular sistema pueden estar compartiendo piso con una familia, durmiendo de albergue en albergue o viviendo en la calle. «Residen en el municipio, pero les piden un título legal que lo demuestre, cuando no se es necesario tener un alojamiento fijado para acceder al padrón», insistió.

Cáritas advirtió también de la existencia de casos puntuales en Vitoria en los que los inmigrantes pagan entre 150 y 200 euros para que un vecino de la ciudad le ‘preste’ su domicilio y puedan inscribirse como residentes.

Pero ésta no es la primera vez que el sistema de censo municipal levanta polémica. En el año 2003, el entonces alcalde, Alfonso Alonso, tuvo que anular el empadronamiento ilegal de más de 600 extranjeros registrados en la sede de la organización SOS Racismo.