El PP terció ayer en la controversia surgida en torno a los menores extranjeros no acompañados para exigir a la Diputación que rectifique y traslade fuera de la capital alavesa el nuevo centro que se abrirá en un par de meses en Coronación. «El efecto llamada se llama Vitoria, porque si estos chicos estuvieran en un pueblo, que es lo mejor para ellos, seguro que no vendrían tantos como ahora. Es el peor lugar que han podido elegir», aseguró ayer el secretario general del partido en Álava, Javier de Andrés. Se da la circunstancia de que en la legislatura pasada el popular Ramón Rabanera tuvo que abortar, forzado por la presión de toda la oposición, dos intentos de habilitar servicios para este tipo de chavales alejados de la capital.

Para De Andrés, en el nuevo centro ubicado a escasos metros del Casco Viejo, los adolescentes «pueden encontrarse con lo peor, como las mafias de drogas y gente que no es la mejor influencia que puedan tener». En esta misma línea se expresó su compañera y procuradora Ana Morales, para quien la Diputación es «víctima de sus propios errores», en referencia al boicot que el PP sufrió cuanto intentó abrir un servicio en Nanclares, primero, y Ribera Alta, después. «Una decisión respaldada por el criterio de los técnicos», recordó De Andrés.

Subdelegación

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Vitoria censuraron las declaraciones realizadas el martes por el diputado general, Xabier

Agirre, en las que pidió al Gabinete Zapatero que ponga «orden» en la distribución de estos inmigrantes por la Península. Para la Subdelegación, estas acusaciones «no se ajustan a la realidad» puesto que «nadie puede poner barreras en las comunidades para que los menores se muevan libremente por todo el territorio nacional». Por ello, pidieron a la Diputación que ponga soluciones a una competencia «que es suya, de nadie más».