VALLADOLID. El consejero de Justicia e Interior, Alfonso Fernández Mañueco, denunció ayer en la Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebró en el Ministerio del ramo, que la reforma de la ley de Extranjería aprobada ya en el Consejo de Ministros «no resuelve los graves problemas de inmigración que tiene en estos momentos el país y nuestro comunidad», informa Ical.
Tres son los grandes problemas a los que, según Mañueco, el texto legal no ofrece solución: el paro, la inmigración ilegal y los contingentes. «Nuestro principal problema es el paro pero además la ley ni ataja ni ataca la inmigración ilegal y, en tercer lugar, la contratación en origen resulta un sistema anquilosado, poco ágil, que no permite una respuesta inmediata y adecuada a lo que demanda el sector empresarial», apuntó el consejero de Interior. Además, el responsable del área subrayó que el ministro Celestino Corbacho se comprometió con las comunidades autónomas a «colaborar» y «buscar el consenso» en la reforma de esta ley que, sin embargo, «fue aprobada en el Consejo de Ministros sin haber hablado con ninguna comunidad». «No es lo que él prometió», añadió. Castilla y León apoyó la propuesta de la comunidad autónoma de Canarias para que la tutela de los menores inmigrantes pase a ser una responsabilidad del Estado.
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Tres son los grandes problemas a los que, según Mañueco, el texto legal no ofrece solución: el paro, la inmigración ilegal y los contingentes. «Nuestro principal problema es el paro pero además la ley ni ataja ni ataca la inmigración ilegal y, en tercer lugar, la contratación en origen resulta un sistema anquilosado, poco ágil, que no permite una respuesta inmediata y adecuada a lo que demanda el sector empresarial», apuntó el consejero de Interior. Además, el responsable del área subrayó que el ministro Celestino Corbacho se comprometió con las comunidades autónomas a «colaborar» y «buscar el consenso» en la reforma de esta ley que, sin embargo, «fue aprobada en el Consejo de Ministros sin haber hablado con ninguna comunidad». «No es lo que él prometió», añadió. Castilla y León apoyó la propuesta de la comunidad autónoma de Canarias para que la tutela de los menores inmigrantes pase a ser una responsabilidad del Estado.