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BARCELONA. Rafael Ribó, Síndic de Greuges, ve «irregular» la expulsión de 13 adolescentes subsaharianos de El Bosc, un centro tutelado por la Generalitat, tras haber sido considerados mayores de edad después de ser sometidos a unas pruebas radiológicas de mandíbula. Según informó el Síndic en un comunicado, los resultados de unas pruebas médicas que proporcionan sólo un «grado de aproximación» de la edad «no pueden tener más valor» que los documentos administrativos, en este caso sus pasaportes, que acreditan la minoría de edad de los jóvenes.

El Síndic de Greuges sugiere al Departamento de Acción Social y Ciudadanía que readmita en la red de protección a los 13 adolescentes, que fueron expulsados del centro de protección El Bosc el pasado 18 de diciembre y derivados a la red de adultos, al Servicio de Acogida de Inmigrantes, Extranjeros y Refugiados de la Cruz Roja de Barcelona. El Síndic afirma que la revisión de los casos permitió constatar la existencia de irregularidades en los procedimientos de atención de los menores con respecto a la tutela, la notificación de resoluciones administrativas y la carencia de coordinación en la derivación a la red de adultos.

El defensor de las personas constata que se expulsó a los menores del centro, cuando disponían de un pasaporte que certificaba que eran menores de edad y que no se tenía ningún informe policial que certificara la falsedad del documento.

También señala que en ningún momento, el Departamento tuteló a los menores, ni tramitó la documentación que los autorizara a residir legalmente en España. Los menores expulsados tampoco disfrutaron del derecho a ser escuchados ni se les notificó la resolución administrativa de expulsión y, por lo tanto, no pudieron ejercer su derecho de defensa, según el Síndic.

Ribó sugiere también a Acción Social la elaboración de un protocolo que especifique el circuito de intervenciones y criterios de actuación en caso de duda respeto a la minoría de edad de los adolescentes no acompañados.

La Generalitat se defiende

La Generalitat defendió ayer la validez de las pruebas radiológicas que, según Carme Capdevila, consellera de Acción Social, son «validadas y con una alta fiablidad». Capdevila añadió que seguirán utilizándolas si los afectados no aportan documentación, y aseguró que, en el caso de estos chicos, los documentos fueron presentados después de las pruebas.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona,el Casal dels Infants y el Colegio de Educadores Sociales se han sumado a la denuncia del Síndic y han pedido a la Generalitat que cambie sus «malas prácticas». Reclaman además el cierre de El Bosc y de Alcor. Ambos centros de menores están junto a la estación Peu del Funicular. El traslado de los chicos se produjo en un momento de denuncias vecinales en Sarrià – Sant Gervasi por la conflictividad e inseguridad que, a su juicio, comporta la presencia en la zona de estos dos centros.