Barcelona

El Síndic de Greuges considera «irregular» la expulsión de 13 adolescentes subsaharianos de un centro tutelado por la Generalitat tras haber sido considerados mayores de edad después de ser sometidos a unas pruebas médicas.

Según informó el Defensor del Pueblo catalán en un comunicado, los resultados de unas pruebas médicas que proporcionan sólo un «grado de aproximación» de la edad «no pueden tener más valor» que los documentos administrativos, en este caso sus pasaportes, que acreditan la minoría de edad de los jóvenes.

El Síndic ha sugerido al Departament d’Acció Social y Ciutadania que readmita en la red de protección a los 13 adolescentes, que fueron expulsados del centro de protección El Bosc en diciembre de 2008 y derivados a la red de adultos, concretamente al Servicio de Acogida de Inmigrantes, Extranjeros y Refugiados (SAIER) de la Creu Roja de Barcelona.

El Defensor del Pueblo catalán constata que se expulsó a los menores del centro, aun cuando disponían de un pasaporte que certificaba que eran menores de edad y que no se tenía ningún informe policial que certificara la falsedad del documento.

También señala que en ningún momento el departamento tuteló a los menores, ni tramitó la documentación que los autorizara a residir legalmente en España.

El Síndic sugirió también al Departament d’Acció Social i Ciutadania la elaboración de un protocolo de actuación que especifique el circuito de intervenciones y criterios de actuación en caso de duda respeto a la minoría de edad de los adolescentes no acompañados.

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CiU pide la reprobación de Saura y Boada

CiU registró ayer una moción en el Parlament en la que pide la reprobación del conseller de Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, y del secretario general de Interior, Joan Boada, por su mala gestión del temporal que sufrió Cataluña el 23 y el 24 de enero. La moción constata la «falta de implicación y de exigencia de responsabilidades» por parte del presidente de la Generalitat, José Montilla, por lo que pide la reprobación de Saura por su «falta de eficacia» en la prevención y alerta de la emergencia a la ciudadanía y por su mala atención y gestión.