Medio millón de colombianos, peruanos y argentinos podrán votar en las municipales

Cerca de medio millón de inmigrantes colombianos, peruanos y argentinos podrán votar en las elecciones municipales de 2011 gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y los de estos países hispanoamericanos. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, firmó ayer con su homólogo colombiano, Jaime Bermúdez, el convenio que reconoce oficialmente el derecho al sufragio a los 260.000 inmigrantes de este país que llevan más de cinco años viviendo de forma legal e ininterrumpida en España, y que, de esta forma, han obtenido la residencia permanente. Una firma que Moratinos repetirá hoy con el canciller peruano, José Antonio García, y la semana que viene con representantes del Gobierno argentino, aprovechando la visita a España que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner iniciará el próximo lunes.
Esta iniciativa responde al compromiso que el PSOE suscribió durante la celebración de su último Congreso, en julio del pasado año, y que, además, permitirá votar en los comicios locales a los españoles residentes en Argentina, Colombia y Perú, en función de la cláusula de reciprocidad a la que obliga el artículo 13 de la Constitución para este tipo de acuerdos. La medida, que ya se aplica con éxito en otros países de la Unión Europea como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Países Bajos, aumentará de forma notable el censo de las municipales de 2011, ya que el medio millón de nuevos votantes hispanoamericanos se suma al millón y medio de residentes de otros países de la UE que ya disfrutan del derecho de sufragio activo y pasivo en estas citas electorales, y a los futuros beneficiarios de los acuerdos que el Gobierno negocia actualmente con otra docena de países, en su mayor parte, del continente americano. Se trata, sin duda, de un avance decisivo que permitirá una fuerte integración de un colectivo que vive y trabaja legalmente en España, que ha contribuido con su esfuerzo al crecimiento del país y que, por tanto, tiene derecho a participar activamente en la gestión del municipio del que  forma parte a través de la elección de los alcaldes y de sus equipos de gobierno. Frente a este proyecto, que no causa rechazo ni suscita interrogantes, se encuentra la controvertida disposición de la Ley de la Memoria Histórica a través de la cual, más de 500.000 personas que viven lejos de nuestro país podrán solicitar la nacionalidad española. Los posibles beneficiarios de la medida son los nietos y otros descendientes de españoles emigrados o exiliados, así como los españoles que consiguieron tras la reforma del año 2002 una nacionalidad «de menor calidad», al no tenerla reconocida en origen , aspecto que les imposibilitaría transmitirla a sus hijos.
Para justificar la aprobación de esta disposición, a la que durante el mes de enero ya se han empezado a acoger decenas de miles de ciudadanos, fundamentalmente a través de los consulados españoles en Hispanoamérica, el Gobierno esgrime la necesidad de paliar los efectos de la dictadura franquista. Sin embargo, no todo es generosidad en la intención que anima esta iniciativa. Aun dejando de lado los claros intereses electorales del PSOE, que tiene por propio este granero hispano, resulta muy discutible que se les conceda el derecho al voto en España a miles de personas que jamás han pisado suelo español ni piensan pisarlo, y cuya vinculación con nuestro país no pasa de una epidérmica y lejana nostalgia. Depositar, en suma, tal capacidad de decisión en quien ni siente ni padece el devenir de nuestro país se antoja excesivo e improcedente.