El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, firmó ayer una circular que autoriza a los prefectos (delegados del Gobierno) a conceder una tarjeta de residencia provisional a un sin papeles que denuncie a quienes le ayudan a entrar ilegalmente en Francia. Esta tarjeta será renovable hasta que acabe el proceso judicial de la persona denunciada por el inmigrante y podrá convertirse en un documento de residencia de 10 años de duración cuando haya condena. La medida ha levantado críticas entre las asociaciones de apoyo a los inmigrantes, que califican esta “delación” de “peligrosa e ineficaz”. Es “una excelente mala idea”, dijo Pierre Henry, director de Francia Tierra de Asilo.