estrasburgo (francia). El Parlamento Europeo respaldó ayer la directiva comunitaria que establece unas sanciones mínimas en toda la UE para los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales.

Sin embargo, la aprobación final por la UE está pendiente de un acuerdo de la Eurocámara con los Gobiernos comunitarios, ya que los eurodiputados propusieron una declaración conjunta que pedía medidas más duras en el futuro para quienes empleen a ilegales.

El viceprimer ministro checo, Alexandr Vondra, dijo en nombre de la presidencia que no podía aceptar un compromiso en nombre de los Veintisiete sin consultarles previamente, por lo que el pleno del PE aplazó la votación definitiva.

La nueva norma obligará a los países miembros de la Unión Europea a aplicar unas sanciones mínimas a escala comunitaria a las personas físicas o jurídicas que contraten a personas en situación irregular.

En primer lugar, las empresas deben comprobar que las personas de países extracomunitarios que emplean tienen documentos en regla, y deben comunicar su contratación a las autoridades.

Las sanciones para quienes contraten a ilegales abarcan desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.

Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.

La directiva prevé también sanciones penales para los casos más graves: si el empresario es reincidente, si explota a los inmigrantes o si se trata de un menor.

Se calcula que en los 27 países de la UE hay entre 4 y 8 millones de inmigrantes indocumentados. >efe