El Parlamento Europeo aprobó ayer por amplia mayoría imponer sanciones penales a los empresarios que empleen a inmigrantes sin papeles. Los eurodiputados respaldaron las disposiciones de la nueva directiva contra la explotación de los inmigrantes irregulares, pero aplazaron inesperadamente la adopción formal del texto legislativo hasta la próxima sesión para negociar con los Veintisiete la inclusión del compromiso de elaborar en el futuro una normativa más restrictiva para el caso de la subcontratación de empresas.
La nueva directiva obligará a los gobiernos de los Veintisiete a introducir en su legislación nacional en el plazo de dos años sanciones administrativas y financieras por la contratación de inmigrantes irregulares. Las sanciones serán penales para los casos de reincidencia, contratación de un número elevado de clandestinos, explotación abusiva, asociación con redes de tráfico de seres humanos o empleo de menores de edad.
Las empresas que contraten a inmigrantes sin papeles quedarán excluidas de poder recibir ayudas públicas nacionales y europeas por un periodo de cinco años y además deberán abonar los salarios completos de esos trabajadores. La nueva normativa establece además que en el caso de que quien emplee a clandestinos sea una empresa subcontratada, la compañía principal del contrato y los intermediarios también serán considerados responsables. El empleo de irregulares para el servicio doméstico asimismo estará sancionado con multas.