Madrid

Diga lo que diga el Vaticano, el limbo existe. Está en Ceuta, en la ladera de un bosque empinado. Allí se suspenden sobre el suelo tan frío 72 indios que casi ni comen, ni beben, ni viven.Cosas de los limbos.

Tras un año y medio aparcados en un centro de estancia temporal de Ceuta, estos sin papeles con historia se escondieron entre los árboles hace 10 meses. Temían ser detenidos y deportados, una posibilidad multiplicada por el endurecimiento reciente de la política de repatriaciones ante el aumento del paro, mano dura de Policía y Gobierno que no se para ni ante el limbo.

«Los policías llegan de noche al CETI (centro de estancia temporal) con una lista. Si tu nombre está en ella, te detienen y te llevan al centro de internamiento para deportarte. Por eso los indios se fugaron. Se fueron a la ladera, un sitio peligroso, pero donde pueden correr y esquivar mejor a la policía. Tienen miedo, viven con angustia y prefieren la dureza extrema del bosque». Habla Paula Domingo, monja sanguínea que lleva 10 años luchando por los pobres en el final de Europa «con la inestimable ayuda de Dios».

Hace un par de años, esta carmelita de la Caridad y sus hermanas sufrieron lo que muchos califican de «persecución» por parte del ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro – condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos oficiales – , que abrió contra ellas un expediente policial, las acusó de obstruir el orden y dirigió «una campaña de desprestigio» que acabó con la intermediación de diversas ONG y hasta del mismísimo obispo de Cádiz. «Moro no nos echó de Ceuta porque Dios está con nosotras».

Paula está en la Asociación Elin – «un oasis en el desierto camino de la tierra prometida», dice la religiosa – , un colectivo que apoya a los inmigrantes que sobreviven en Ceuta y no mira si tienen documentación o no porque necesitan comer igual.

El pasado viernes, Elin y los propios indios estrenaron una recogida de firmas para solicitar al Gobierno «la suspensión de la ejecucuión de la orden de expulsión y el traslado a la Península por razones humanitarias». En un día tuvieron a su lado 1.500 nombres con DNI.

Pero no tendrán fácil cruzar el estrecho como personas. El acoso policial se enmarca dentro de la cacería contra la inmigración ilegal que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han iniciado hace unos meses en toda España.

El objetivo es detener y repatriar al mayor número posible de sin papeles para que nadie pueda echarle en cara al Ministerio del Interior que sólo expulsa a tres de cada 10 indocumentados a los que abre expediente, como dicen las últimas estadísticas disponibles.

Por eso las redadas se han intensificado en los lugares más insospechados, según las ONG: centros culturales, peluquerías, locutorios…Los agentes aprovechan incluso el momento en que los sin papeles van a recoger a sus hijos a la salida del colegio para pedirles la documentación sin alejarse de la puerta del centro escolar.

Los controles se han intensificado en la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Los propios sindicatos policiales han acudido al fiscal general del Estado, Cándido Conde – Pumpido, al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios para denunciar el incremento de «identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública o en locales de ocio».Los agentes sostienen que sus mandos les obligan a parar por la calle a personas con «rasgos físicos» característicos de los ciudadanos extranjeros.

Y a los indios se les nota bastante que lo son. Aunque su desventura se parece mucho, los 72 de Ceuta no son aquellos 32 bangladeshíes que, tras pasar tres meses en el monte en 2007, fueron finalmente aceptados por España como acto de solidaridad ante las inundaciones y terremotos de su país.

«¿Hace falta que mueran personas en la India para que se nos acepte a nosotros? Llevamos más de cuatro años sin ver a nuestras familias. Si somos deportados no seremos nadie, no tenemos nada, estaremos muertos», dice y escribe ahora Gurpreet Singh, portavoz de sus compatriotas sin patria.

Cuatro años. En realidad, cuatro años y medio, 53 meses. Cuatro años y medio fuera de casa. Cuatro años y medio hace que dejaron la miseria para acabar en un bosque. Porque el mapa de la vida última de estas 72 personas podría explicar bien su recogida de firmas.

Salieron de India en agosto de 2004 «buscando un futuro mejor», empeñados hasta el cuello, cada uno con unos 15.000 euros reunidos entre los amigos, la familia, los bancos… En vez de a Europa los llevaron a Burkina Faso. Tardaron luego cuatro meses en llegar a Malí, donde estuvieron otros cinco, tiempo suficiente para que las mafias les desvalijaran de dinero, ropa y pasaportes.Un mes más tarde alcanzaron el Sáhara hacinados en furgonetas.Atravesaron el desierto en un tiempo récord de ocho meses. «Dejamos a muchas personas atrás por falta de agua y medicamentos. Vimos muchos muertos». En las arenas pagaron 2.000 euros para pasar a Argelia, pero la policía los detuvo en Argel y los envió de nuevo a Mali. Les detuvieron otras cuatro veces, y a los nueve meses de intentonas, llegaron hasta Marruecos.

Allí, la policía les detenía y les enviaba al punto de partida como un acordeón de carne humana.

Y, al fin, cuando ya acababa 2006, llegaron a Ceuta escondidos en coches y barcas.

Cualquier agencia de viajes podría publicitar un paquete vacacional insuperable: Haga usted India – Ceuta en 27 meses por 17.000 euros.

Y desde entonces, estos 72 indios llevan dos años y dos meses tocando en la puerta de Europa, la puerta del cielo. Pero nada.Cosas del limbo.

Endurecimiento policial

El endurecimiento contra la inmigración ilegal no se queda en la calle, los centros culturales o las peluquerías, sino que llega hasta el Metro. El chileno René Maldonado fue capturado en el suburbano madrileño y trasladado a un centro de internamiento donde coincidió con otros detenidos, como una señora en chanclas que había sido ‘cazada’ cuando iba de su casa al locutorio a llamar a su familia.

>El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba negó el mes pasado esas ‘cacerías’ policiales, pero también dijo que el Gobierno iba a «incentivar» la política de repatriaciones.