Amnistía Internacional teme que la recesión económica mundial tenga un impacto enorme entre pobres e inmigrantes y pide al Gobierno español que los acuerdos sobre inmigración no se hagan a costa de los derechos humanos, dijo en una entrevista con Efe la presidenta de la Sección Española, Itziar Ruiz-Giménez.

La organización no gubernamental expresó su preocupación por el hecho de que “quienes verdaderamente van a sufrir” la recesión serán los más vulnerables, pues “ocho de cada diez personas” en muchos países viven bajo el umbral de la pobreza, y este colectivo y los inmigrantes serán “el chivo expiatorio” de la crisis.

Ruiz-Giménez, que viajó a Canarias para participar en varios actos para conmemorar el 60 aniversario de la declaración de los derechos humanos, reclamó al Gobierno español “una acción decidida” en materia de política migratoria.

También pidió que los acuerdos que España suscriba con países como Marruecos o Mauritania no se hagan a costa de los derechos humanos ni favorezcan la discriminación de los inmigrantes .

Ruiz-Giménez quiere que “el centro de las medidas” que adopte el Gobierno español para combatir la crisis sea la protección de las personas y su derecho a la sanidad, la educación, la alimentación, la vivienda y el empleo sin ningún tipo de discriminación.

Menos redes sociales

Al hablar de pobreza parece que se trata de una cuestión económica cuando es una violación de los derechos humanos, y las políticas económicas en muchos casos redujeron las redes sociales y ha habido un proceso de empobrecimiento de la mayor parte de la población mundial, denunció Ruiz-Giménez.

Por ello subrayó la necesidad de situar “en el centro de la agenda” cualquier intento de violación de los derechos humanos, y al respecto exigió al Gobierno español que suspenda el envío de armas a Israel hasta que ese país no dé garantías de que no las va a utilizar contra la población civil.

Amnistía reclamó al Ejecutivo español “que sea transparente” sobre la venta de armas a Israel, que, según la información oficial del Gobierno supuso unos 4,5 millones de euros en 2007 y la primera parte de 2008.

Sin embargo AI lamentó que no se proporcione información detallada sobre este asunto y se hable de categorías “genéricas”, como bombas y sustancias químicas, sin especificar de qué tipo.

Recordó Itziar Ruiz-Giménez que en este ámbito hay responsabilidad por parte de los gobiernos que incumplan la normativa que impide vender armas a países en donde se infringen los derechos humanos, y España “está obligada por su propia legislación nacional y por la europea”.

AI también pidió a Israel información sobre el armamento y la munición que usó, pues Amnistía detectó que hay medicamentos que no funcionan correctamente y se constató el uso de fósforo blanco, una sustancia no autorizada cuyo uso supone un crimen de guerra.