Mañana se celebra un nuevo debate público por el caso de discriminación étnica contra la ex viceministra de Trabajo Cándida González, el cual podría sentar un precedente en el país, ya que si bien en el pasado se ha dado trámite a ese tipo de denuncias, las posibilidades de que se dé una sentencia son limitadas.

En seis años de vigencia del artículo 202 bis del Código Penal, que tipifica siete tipos de discriminación como delito, entre éstos, la étnica, solo se han logrado tres condenas en firme por parte de los tribunales de justicia.

El más conocido es el de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, en 2005. Ese año se condenó a un guardia privado, por haber impedido el ingreso de María Tuyuc, sobrina de la ex diputada Rosalina Tuyuc, a una discoteca, y en el 2004 se dictó condena en el caso de Víctor Lem, a quien un año antes le habían negado el acceso en un bar de Quetzaltenango.

Pese a estar reconocido como delito, el número de denuncias por discriminación étnica desciende cada año.

Debido a la falta de información, especialmente en la provincia, muchas personas desconocen que tienen derecho a interponer una demanda por aquellas razones.

El número de denuncias registradas por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) en 2008 fue de 28, de las cuales, ninguna obtuvo una sentencia condenatoria, y solo una se solucionó, por conciliación entre el Ministerio Público y los juzgados de Paz.

Otros cinco casos fueron resueltos de manera administrativa, y no penal, y el resto se encuentra en etapa de investigación o de recopilación de información.

El número de denuncias atendidas en los últimos cuatro años por la institución asciende a 196, y de éstas, 111 se atendieron en el departamento de Guatemala.

La Defensoría Indígena de la Procuraduría de Derechos Humanos registró 81 denuncias de indígenas, aunque no todas pueden ser tipificadas como discriminación. La mayor parte fue interpuesta en Guatemala, seguido por Chimaltenango y Quiché.

El defensor de asuntos indígenas Martín Sacalxot reconoció que en el 2008 fue poco lo que se logró en cuanto a ese tipo de casos, y solo un 4 por ciento de éstos acaba en resolución.