Todas las Comunidades autónomas «sin excepción» se comprometieron ayer a acoger a los menores inmigrantes que llegan al Archipiélago canario en cayucos o pateras.

En la primera cumbre a tres bandas sobre política migratoria entre Canarias, el resto de autonomías y el Estado, que se celebró ayer en Tenerife, el Ejecutivo canario consiguió el respaldo de las diferentes comunidades autónomas para que éstas se hagan cargo de una parte de los menores no acompañados que se encuentran en diferentes centros del Archipiélago canario.

Unas instalaciones que en la actualidad acogen a cerca de 1.500 menores inmigrantes, triplicando su capacidad real, lo que se traduce en que los centros se encuentren saturados y en situación de «emergencia» como consecuencia de la masiva llegada de niños africanos a las Islas.

Pese a que todas las comunidades no estuvieron presentes en el cónclave, si asistieron representantes de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Murcia, País Vasco, Navarra y Valencia. Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno canario y el resto de autonomías supondrán el traslado de 500 menores inmigrantes desde Canarias al resto de la Península.

De esta cifra, el Gobierno de Canarias ha pactado que 45 menores sean derivados a Baleares, mientras que 42 serán acogidos por la Comunidad Valenciana. El resto de regiones españolas, pese a que ayer no se especificaron cifras exactas, irán concretando en los próximos días con el Ejecutivo regional canario el número de menores no acompañados que asumirán en el futuro.

A fecha de hoy, un total de 171 menores inmigrantes han sido trasladados a centros de otras comunidades por parte del Ejecutivo canario y continúan siendo tutelados por el Gobierno.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas; y la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, fueron las encargadas de dar a conocer las claves de estos acuerdos y las preocupaciones que existen en las comunidades autónomas con el problema de la inmigración, centrando sus miras en los menores.

Entre otros aspectos que se trataron, la consejera nacionalista canaria destacó la voluntad de estudiar proyectos en origen para que los menores no tengan que zarpar hacia Canarias, ya que «cada vez son más jóvenes los que lo hacen».

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes fue la alerta que dio el Gobierno de Canarias ante el posible aumento, en un futuro inmediato, de los menores inmigrantes que llegan a Canarias de manera clandestina por la crisis económica actual y, a su vez, por el tráfico de las mafias.

El presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, se mostró convencido de que las mafias que trafican con la inmigración aumentarán el número de menores no acompañados en las barcazas.

Al inicio de la reunión, Paulino Rivero aseveró que la llegada de inmigrantes a las costas españolas es un fenómenos de hace muchos años, mientras que la llegada de menores no acompañados va en aumento desde hace cinco o seis años.

Ley de Extranjería

Otra de las coincidencias entre el Archipiélago y el resto de Comunidades autónomas fue la necesidad de «aprovechar la oportunidad» que representa el nuevo trámite de la reforma de la Ley de Extranjería, iniciado recientemente, para que se fije como un «problema de Estado» la llegada y acogimiento de los menores extranjeros.

Sin embargo, la delegada del Gobierno fue más comedida y resaltó el hecho de que el proceso de reforma de la Ley «acaba de comenzar» y que se encuentra en un estadio muy temprano para aventurar si «ese debe ser el marco».

Por otro lado, dentro de los acuerdos alcanzados en Tenerife, el Gobierno central, a través de la directora general de las Familias y la Infancia, Amparo Marzal, anunció que destinará 15 millones de euros extraordinarios a la atención de los menores inmigrantes no acompañados. Marzal recordó el esfuerzo que el Estado está dando para impulsar la solidaridad y la colaboración entre las comunidades con el problema de los menores.

ACCI PRESS

Los representantes de las comunidades y la consejera canaria de Bienestar Social, durante su visita al centro de Acogida de Menores de Tegueste