El Partido Popular expresó ayer con toda claridad su rechazo a que la población inmigrada extracomunitaria establecida en Barcelona participe en la consulta sobre la reforma de la Diagonal. La consulta se celebrará durante una semana – por determinar – de abril de 2010 y en ella podrán participar todos los empadronados mayores de 16 años con fecha de 31 de diciembre de este año. Es, por tanto, una amplia convocatoria a la que podrían participar, según cálculos del Consistorio, 1,1 millones de personas.

Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular, no dudó ayer en expresar su rechazo, no a la consulta, sino al universo de ésta. “El censo que se debe seguir es el electoral, no el padrón municipal”, manifestó. Ante la objeción de que algo así excluiría a la población inmigrada, Fernández Díaz no se andó con tapujos: “No estamos de acuerdo en que alguien en situación irregular y sin domicilio fijo o empadronado en unas oficinas municipales pueda decidir sobre un proyecto de la ciudad”. Por si su posición no estaba clara, al preguntársele por qué no puede participar quien vive y trabaja en Barcelona, con independencia de su nacionalidad, Fernández Díaz remachó: “El que cumpla los requisitos legales que se nacionalice y entonces podrá votar”. De paso, el líder popular recordó al alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, que la consulta deberá ser aprobada por dos terceras partes del pleno. “Eso quiere decir que necesitan más votos de los que reúnen los concejales del bipartito y los de Esquerra”, añadió.

La opinión del PP sobre la exclusión de los inmigrantes fue contestada inmediatamente por el segundo teniente alcalde, Ricard Gomà (ICV – EUIA), para quien esa postura sólo tiene un calificativo: “antidemocrática”. Gomà recordó que “deben tener derecho a voto todos los empadronados en la ciudad, tal como está establecido”. Las normas que regulan la participación se basan en el padrón, no en otro tipo de censo. El líder ecosocialista destacó, además, que la participación de la ciudadanía en este proceso podría reforzar la convivencia. En el cercano referéndum de Sant Adrià de Besòs sobre las tres chimenas participaron todos los empadronados mayores de 16 años, sin excepción.

Xavier Trias, líder de CiU en el Consistorio, no se opone a la consulta, aunque está en desacuerdo con la forma elegida. “Lo normal hubiera sido consensuar entre los grupos municipales las líneas generales de la reforma y luego convocar la consulta”, dijo. E ironizó señalando que el consenso es, si cabe, más necesario en este caso porque la reforma se ejecutará a partir del próximo mandato “y ya veremos quién es alcalde”. Frente a las críticas del PP y CiU, Hereu defendió la “importancia” de la iniciativa, una consulta singular para un proyecto de calado, la reforma de la principal avenida de la ciudad, que fue diseñada en el siglo XIX y que ahora quiere recuperar el aire de lo que fue en tiempos de los carruajes de caballos: un gran bulevar. La consulta estará precedida de unos meses de información – profusa, a través de publicaciones municipales, pasquines en la calle y exposiciones sobre la avenida – y participación abierta a los ciudadanos a través de una página web específica. Mientras, el equipo técnico de Urbanismo empezará a trabajar en las posibles variantes de la futura avenida. “Los técnicos tendrán en cuenta las aportaciones de la ciudadanía”, dijo Hereu.

La cuestión es de qué forma porque, finalmente, serán los técnicos quienes definirán los dos modelos de avenida que se someterán a la consulta. El derecho a voto se ejercerá de dos formas: personalmente, en las oficinas de atención al ciudadano de los barrios y distritos, o por voto telemático. Será la primera vez que se ejerza el derecho a voto de esta forma, aunque no se precisó cómo se comprobará la identidad del votante.

A la pregunta de por qué no se hace una consulta similar, por ejemplo, con el proyecto de reforma que impulsa el Barça, Hereu indicó: “No es un proyecto de impacto para el conjunto de la ciudad”. Sin embargo, algo así prevén el reglamento y la Carta Municipal, ya que los ciudadanos también pueden promover consultas con un requisito: reunir las firmas autentificadas del 1% de las personas mayores de 16 años empadronadas en el ámbito donde se pretenda celebrar la consulta.

Y otra cuestión que precisa la normativa es que el resultado se tomará en consideración “siempre que la participación sea como mínimo del 50% del padrón de las personas mayores de 16 años en el territorio objeto de la consulta”.