El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha revocado una sentencia que regularizaba la situación de un extranjero residente en Iurreta al estimar que el certificado acreditativo de su residencia estaba firmado por el alcalde y no por el secretario municipal. El alto tribunal acepta así un recurso de la Abogacía del Estado contra un dictamen emitido en 2006 por un juzgado de San Sebastián que avaló la concesión del permiso a este inmigrante.

A pesar de que el mandatario de Iurreta basó el certificado en función de varios informes facilitados por la Policía Municipal y «antecedentes» en poder de Alcaldía, el TSJPV rechaza la validez del documento, al determinar que el alcalde «carece de poder certificante, que sólo lo ostentaría el secretario municipal».