madrid. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ofreció ayer a cada comunidad autónoma una aportación mínima de 200.000 euros para que refuercen los programas de asistencia dirigidos a mujeres inmigrantes y niños víctimas de la violencia de género. La partida se ampliará en función de la población de extranjeras y menores de edad que tenga cada una de las regiones, según explicó en rueda de prensa.

Este es uno de los compromisos alcanzados ayer durante laII Conferencia Sectorial de la Mujer , rebautizada como Conferencia Sectorial de Igualdad, un encuentro entre las autonomías y el Gobierno que giró entorno a tres ejes: el fondo asistencial para las extranjeras y los menores; el análisis del futuro dispositivo electrónico de localización para maltratadores y los criterios sobre los programas de reeducación para los mismos.

Sobre el primer apartado, que finalmente se aprobó con 9 abstenciones, 8 votos a favor y 2 en contra, Igualdad y las comunidades autónomas acordaron la creación de un fondo asistencial de cinco millones de euros para la asistencia social integral de los “colectivos más vulnerables” ante la violencia de género, según Aído, los menores y las mujeres inmigrantes.

Esta iniciativa se adopta en el marco de la aprobación, el pasado 9 de enero, de un Plan Integral para la protección de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que cuenta con una memoria económica de 13 millones de euros y la participación de distintos ministerios, conforme explicó la ministra.

En cuanto a los dispositivos electrónicos de localización de maltratadores, Aído afirmó que “ya se han iniciado los trámites administrativos para la contratación de este servicio” y “se está elaborando un plan de trabajo” con los ministerios de Justicia e Interior para estableces un protocolo de implantación, a fin de que “en el mes de abril” puedan estar “accesibles en todo el territorio”.

Según explicó, el Gobierno destinará cinco millones de euros para la adquisición e implantación de estos sistemas que “se dispondrán en los casos de mayor riesgo, siempre como un elemento complementario a las medidas de protección existentes y se garantizarán en todo el territorio”. Será el juez quien decida a qué agresor se impone un localizador.