«Desbordados». La masiva llegada de menores extranjeros no acompañados a Álava a lo largo del último año ha puesto en jaque a los servicios sociales de la Diputación. «La situación es insostenible», coinciden en advertir varios informes forales a los que ha tenido acceso EL CORREO. No es para menos. La provincia cerró 2008 con un centenar de menores acogidos, cinco veces más que a finales del ejercicio anterior. Pero es que a lo largo del pasado año llegó a atender a 178 menores procedentes del otro lado del Estrecho, la cifra más alta de su historia – en 2007, se registraron 59 – .

La Diputación ha dicho basta. Ya lo advirtió el propio Xabier Agirre en el último pleno de Política General: «solidaridad sí, pero hasta cierto punto», proclamó el diputado general. Pero el goteo es constante y los técnicos del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) se encuentran «más que saturados». El malestar se acrecienta al conocerse las cifras de menores que acogen comunidades autónomas como Madrid, con 250, Galicia, con 100, o Navarra, con apenas una docena.

La coyuntura ha obligado a los responsables forales a mover ficha de forma urgente. La primera demanda mira al Ministerio del Interior y al consejo social que reúne a todas las comunidades autónomas. En sus informes, los responsables forales advierten de que es «necesario un planteamiento de planificación interautonómico», pero también a nivel de todo el país. Entre otras medidas, la Diputación exige una unificación en los criterios de actuación que estén coordinados no sólo desde Interior, sino también desde la Fiscalía. Todo ello con el objetivo de que cada provincia albergue al número de menores que le corresponda en función del nivel de población.

Un máximo de 70

Según el criterio de los técnicos y atendiendo a los recursos ahora disponibles, Álava sólo podría acoger a un máximo de 70 de estos jóvenes, es decir, que ahora estaría muy por encima de su límite. De hecho, medios conocedores de la actual situación en la provincia subrayan que hace tiempo que se ha superado la situación de «emergencia». La complejidad es evidente puesto que cada uno de estos chavales recibe una atención especializada, basada no sólo en ‘cama y comida’, sino que están involucrados en programas educativos.

Además, desde mediados del pasado año, la institución alavesa ha tenido que gestionar la polémica surgida con la Fiscalía de la Audiencia de Vitoria por la saturación del centro ubicado en la sede de la Cruz Roja – se produjeron varios motines de los menores – y las acusaciones vertidas desde las autoridades policiales de La Coruña por el supuesto envío de un menor, que derivaron en una investigación del Ministerio Fiscal, ya archivada.

La polémica también ha surgido por la supuesta mayoría de edad de los jóvenes, «muy difícil» de determinar porque en la mayoría de los casos los menores presentan documentación de su país de procedencia. Ante la duda, el Ministerio Fiscal siempre toma como referencia los papeles y no la prueba ósea, que en algunos casos dictamina que los jóvenes tienen más de 18 años. No obstante y para evitar la actuación de mafias que trafican con extranjeros, la institución foral ha redoblado los esfuerzos con la Subdelegación del Gobierno central y el Cuerpo Nacional de Policía.

Con este panorama, el Departamento de Política Social y Asuntos Sociales, dirigido por Covadonga Solaguren, ha lanzado un SOS a las instituciones públicas – Ayuntamiento de Vitoria, Gobierno central o Fiscalía – para que arrimen el hombro. También a la sociedad y a los colectivos inmigrantes, para que se cree una verdadera red de voluntariado.



a.lorente@diario – elcorreo.com